¿Doctora Bachelet? Aquí la verdad

¿Doctora Bachelet? Aquí la verdad

Introducción

 

La Constitución Política del Estado dispone en el inciso primero del Art. 24° que para ser elegido Presidente de la República se requiere haber nacido en el territorio de Chile, tener cumplidos 40 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. Ello se traduce en que no se requiere de un título profesional ni el haber seguido una carrera universitaria para acceder al Sillón Presidencial, encontrándonos con el dilema que para ser candidato a Presidente de la República se necesitan incluso menos requisitos que para postular a una alcaldía, pues en este último caso el candidato a Alcalde debe saber leer y escribir, y acreditar su Enseñanza Media completa. Por ello, la presente investigación no debe interpretarse como una imposición a que nuestros Mandatarios necesariamente deban provenir del ambiente de las Universidades o de las instituciones académicas, o contar con un nutrido currículo. Lo único que el ciudadano chileno poderdante necesita de su Presidente es que sea veraz, es decir, que sus dichos y acciones profesen siempre la verdad y que a sus habitantes les proporcione información cierta y contrastable.

 

 

En efecto, una persona veraz es aquella que habla con la verdad y que dice lo que refleja la realidad. Un Presidente veraz, o un político honesto, no es un atributo superfluo o etéreo sino una necesidad imperiosa para la estabilidad de la sociedad humana, pues dicha honestidad genera grandes beneficios para la patria. Por tales motivos, cuando nuestras Autoridades faltan a la verdad, ya sea mintiéndose a si mismos o a la sociedad, se instala la simiente para la corrupción y la destrucción de la estructura y de los lazos sociales; pues cuando se pierde la confianza en quienes nos gobiernan los sueños y esperanzas de los ciudadanos indefectiblemente se desmoronan, socavando las bases institucionales con la consiguiente pérdida del Estado de Derecho.

 

D-P Chile, en su afán por develar "la Verdad del País", convenció al ciudadano chileno don Rodolfo Novakovic Cerda para que expusiese -con total libertad- las eventuales irregularidades acaecidas en torno a los estudios académicos de medicina cursados tanto en Chile como en el extranjero por nuestra actual Presidenta de la República, doña Verónica Michelle Bachelet Jeria; cuyos resultados constan en la presente investigación que -como se dijo en nuestra publicación anterior y debido al gran volumen de antecedentes- ha sido dividida en tres partes.

 

La investigación que hoy difunde D-P Chile tuvo como finalidad atender la denuncia que Novakovic interpuso ante el entonces Fiscal Nacional don Sabas Chahuán Sarrás, en la cual dicho ciudadano requiere indagar y periciar, tanto por intermedio de los antiguos tribunales del Crimen -encontrándose vigente el 34° Juzgado del Crimen de Santiago-, como por intermedio del Ministerio Público, los documentos originales presuntamente otorgados por la Universidad de Chile a doña Michelle Bachelet, ya que -en opinión del denunciante- no existen antecedentes ni diplomas en original que acrediten que la Mandataria se encuentra en posesión de su Licenciatura en Medicina así como de su título de Médico Cirujano.

 

Como lo administrativo se encuentra subsumido en lo penal, es importante señalar que las observaciones que formulan tanto Contraloría General de la República (en área administrativa) como el Ministerio Público (en sede penal) se clasifican en diversas categorías, de acuerdo a su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) o complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por el Contralor o por el Fiscal a cargo; en tanto, se clasifican como medianamente complejas (MC) o levemente complejas (LC) aquellas que tienen menor impacto en estos criterios. Pues bien, la denuncia RUC 1400708296-8 interpuesta por Rodolfo Novakovic, con fecha 24 de junio de 2014, fue calificada por el Ministerio Público como de Alta Complejidad. Cabe precisar, por ende, y como se explicó en el anterior artículo, que habida consideración que la denuncia no tuvo formalizados y dado que el tema fue investigado por el área de Delitos de Alta Complejidad de Fiscalía Metropolitana Zona Centro Norte, es necesario tener presente que, para la publicación y difusión de las diligencias practicadas por el Ministerio Público, se requiere autorización expresa del Fiscal Regional a cargo de dicha carpeta investigativa; autorización que hasta la fecha no ha sido otorgada ni por don Andrés Montes Cruz ni por el Fiscal Jefe de Delitos de Alta Complejidad don José Morales Opazo.

 

Rodolfo Novakovic, quien se autodefine como el "más modesto y humilde de los ciudadanos chilenos poderdantes", utilizó -como metodología en su trabajo- el supuesto, ampliamente aceptado por Contraloría General de la República, de que toda decisión adoptada por una Institución del Estado, tal como lo es la Universidad de Chile, debe necesariamente materializarse en un documento por escrito y aprobarse mediante un decreto o resolución correspondiente, por lo que la expresión formal de la voluntad de dicha entidad pública sólo puede perfeccionarse con la expedición del respectivo acto administrativo, siendo éste el que produce el efecto de obligar a dicha universidad conforme a la ley. De esta forma, toda actuación efectuada por organismos públicos, como la Universidad de Chile, debe quedar plasmada en documentos por escrito conforme al orden cronológico en que dichos actos se produjeron. Ello significa que, en concreto, a medida que el alumno va cursado y aprobando las diversas asignaturas y créditos, las instituciones educacionales respectivas irán certificando aquellos resultados o avances por medio de actos administrativos que serán emitidos en el mismo orden cronológico en que van acaeciendo; lo que no se verifica en la especie y en relación a los documentos académicos de doña Michelle Bachelet.

 

De igual manera, Novakovic nos explica que -al anterior supuesto de Derecho Administrativo- deben agregarse dos herramientas extremadamente útiles; la primera dice relación con el formalismo lógico que expresa que es falsa toda sentencia obtenida como resultado de una proposición verdadera y de una proposición falsa (V y F = F), en tanto la segunda herramienta se condice con el Principio de Certeza Jurídica, según el cual no es posible que exista, y a la vez que no exista, determinados documentos públicos dependiendo de dónde o a quién se presenten. En palabras simples, no es suficiente con que hoy una entidad del Estado entregue un documento u oficio certificando determinada cosa si dicho órgano de la Administración Pública carece de los documentos, actos y resoluciones que en su oportunidad debieron haber sido emitidos -en un orden cronológico- junto a sus fundamentos y/o decretos que les sirvieron de sustento o complemento directo y esencial, así como de los procedimientos que se utilizaron para su dictación.

 

Aclarado el alcance de la presente investigación, D-P Chile invita al lector a adentrarnos de lleno en la materia.

 

El Caso ADN como Génesis de la Investigación iniciada por Novakovic

 

 

A comienzos del año 2002, y como uno de los últimos aportes efectuados en su calidad de Ministra de Salud, doña Michelle Bachelet Jeria firma y autoriza la publicación en el Diario Oficial de dos Resoluciones exentas, la N° 393 y 394, que fijaban Directrices Nutricionales sobre el uso de minerales y vitaminas, así como las cantidades mínimas y máximas de los mismos, en Alimentos genéricos y en Suplementos Alimentos, respectivamente.

 

Tanto los alimentos como los Suplementos Alimenticios, así como los Alimentos para Regímenes Especiales, están destinados única y exclusivamente para personas sanas (con prohibición de recetarse para personas enfermas u hospitalizadas), puesto que se rigen por el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA), DS 977/96 del Ministerio de Salud.

 

La Resolución N° 393 fijaba límites máximos de fortificación de alimentos para minerales como Calcio, Cromo +3, Cobre, Hierro, Magnesio, Fósforo, Zinc y Selenio, no considerando -dentro de la tabla publicada- límites de fortificación para el mineral Potasio. De igual forma, la segunda tabla publicada en esta resolución establecía la Dosis Diaria de Referencia (DDR) para adultos y niños para vitaminas y minerales, donde nuevamente el mineral Potasio (K) no estaba considerado.

 

Para los Suplementos Alimentarios la Tabla N° 1, de la Resolución N° 394, indica los límites mínimos y máximos para vitaminas y minerales (Ca, Cr, Cu, I, Fe, Mg, Mn, Mo, P, Zn, Se) donde -al igual que en la resolución anterior- no dispone consideraciones para el mineral Potasio. Similarmente, la Tabla N° 2, referente a las DDR para vitaminas y minerales, no establece restricciones ni indicaciones para el mineral Potasio.

 

 

De esta manera, todo médico, pediatra y epidemiólogo sabe -siendo consistente con lo publicado por doña Michelle Bachelet en las resoluciones arriba aludidas- que los únicos productos que pueden ser enriquecidos con mineral Potasio en una cantidad igual o mayor a 200 mg de K por litro, corresponde a los denominados Alimentos para Deportistas "con adición de Electrolitos" (Art. 540 letra h del DS 977). Los demás productos que se rigen por dicho reglamento, simplemente no deben incorporar dicho mineral o no están obligados a ello.

 

Por tanto, desde el punto de vista epidemiológico, los médicos especialistas en Salud Pública saben que una disminución de potasio sanguíneo (Hipokalemia) en una persona sana, debido a una dieta baja o insuficiente de dicho mineral, se produce en equilibrio de su ácido base. En cambio, si una persona enferma -a quien se le puede recetar única y exclusivamente productos aprobados por el ISP y con Registro Sanitario ISP- experimenta bajas de potasio en la sangre como resultado de un trastorno de su ácido base, el profesional médico, el pediatra y el epidemiólogo sabe fehacientemente que la etiología (causa) de dicha descompensación es otra y no una deficiente ingesta del mineral Potasio.

 

No obstante, poco más de un año después de asumir como Mandataria -en su primer período-, y a raíz de que estallara -primero en 2007 en clínicas y hospitales y luego en 2008 ante la opinión pública- el escándalo relativo al producto Nutricomp ADN de WATT'S y B. BRAUN (el cual se recetaba desde 1982 con fines terapéuticos en clínicas y hospitales pese a que nunca contó con Registro ISP ni autorización de sus ingredientes por parte de la Comisión de Régimen de Control Aplicable), todos las consideraciones epidemiológicas, clínicas y sobre transtornos hidroelectrolíticos parecieron ser completamente olvidadas por parte de la médico, pediatra, epidemióloga y entonces Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria.

 

 

En efecto -comenta Novakovic- "cuando algunas mamás, cuyos hijos resultaron afectados con el fatídico fármaco ADN sin Registro ISP, recurrieron a la Presidenta, la respuesta dada por ella y asesores pareció provenir de personas que carecían de conocimientos en la materia, lo cual despertó mi atención. No obstante, dada la gran cantidad de tareas que un Mandatario debe tramitar, es lógico razonar que un Presidente no se avocará a una tarea de revisión técnica, sobre un caso específico, sino que derivará las materias a sus asesores, los cuales no siempre contestarán en el tenor ordenado por la máxima autoridad del país, pese a que éste sea profesional o especialista en la materia. Sin embargo, un año antes, recibí desde Alemania un par de correos electrónicos donde se desmentía que existiese información sobre los estudios médicos de la señora Bachelet en la Charité Universitätsmedizin Berlin y menos que luego hubiese convalidado aquí las asignaturas allá cursadas, a su regreso en la Universidad de Chile, pues sostienen que NO existe convenio entre dicha entidad y la Universidad de Chile".

 

En efecto, en uno de los correos -fechados el 12 de julio de 2007- la funcionaria de la Charité Universitätsmedizin Berlin, doña Brigitte Reidinger expone (ver imagen del correo en alemán abajo a la izquierda): "Estimado señor Novakovic. Lamentablemente no tenemos mucha información sobre los estudios de Michelle Bachelet en la Charité. Ella se inscribió aquí, pero concluyó sus estudios en Estados Unidos. Allá retornó en torno al año 1979 (aunque no le puedo decir con seguridad). No existe cooperación entre la Universidad de Chile y la de Berlin. Como usted sabe, ella permaneció en el exilio en la entonces RDA. Le remito el comunicado de prensa sobre la entrega que se le hiciera de un Doctorado Honoris-Causa, pero quizá usted ya lo sepa. Lamento mucho no tener más información y reciba mis cordiales saludos. Brigitte Reidinger"

 

 

Como el lector puede claramente apreciar, este correo contradice totalmente lo que la Presidenta ha dicho, en 2010, con ocasión de una entrevista que le efectuase la Universidad de Humboldt en sus oficinas de ONU Mujer, cuando explicó que la Universidad le habría convalidado supuestamente los cuatro años de estudios cursados en Chile y que, en lugar de ingresar al quinto año, la inscribieron en el cuarto año de la carrera por un tema de diferencia en la malla curricular. Si este hubiese sido el caso, la Charité habría guardado celosamente su información académica -pues en Alemania ningún documento se pierde- y menos aún teniendo en cuenta que le otorgaron un Doctorado Honorífico.

 

Con estas pruebas, sumado al desconocimiento clínico que pareció demostrar doña Michelle en el Caso ADN, desde entonces, y utilizando como herramienta la Ley de Transparencia N° 20.285 que rige a los funcionarios públicos, el denunciante inició un lento, progresivo y silencioso proceso de indagación, donde una esquiva Michelle Bachelet y una dubitativa Universidad de Chile, una y otra vez, se negaron terminantemente -hasta hoy- a mostrar documentos y diplomas, en original, que puedan acreditar que la Mandataria es Licenciada en Medicina, Médico Cirujano, Pediatra y Epidemióloga.

 

"De no haber sido por el Caso Nutricomp ADN los ciudadanos chilenos jamás nos habríamos cerciorado de que nuestra Presidenta faltaba a la verdad respecto de sus estudios académicos" -concluye Novakovic

 

Aclarada la génesis o el por qué de la investigación que -por años- ha venido realizando sistemáticamente el denunciante, invitamos a nuestros amables lectoras a sumergirnos en los antecedentes académicos entregados por la Casa de Bello.

 

Antecedentes de la Mandataria en su carrera de Medicina

 

 

Como puede observarse en Certificado de Nacimiento aquí publicado, doña Verónica Michelle Bachelet Jeria, carné de identidad N° 5.811.892-3, nació un 29 de septiembre de 1951, siendo sus padres don Alberto Bachelet Martínez y doña Ángela Margarita Jeria Gómez.

 

Según información entregada por la Universidad de Chile, mediante oficio UGII (O) N° 267, de fecha 21 de octubre de 2013, doña Michelle Bachelet habría ingresado a la carrera de Medicina de dicha institución durante el primer semestre del año 1970, esto es, cuando ella contaba con 18 años y 5 meses de edad.

 

Al revisar el expediente de la señora Bachelet que obra en poder de la Universidad de Chile impresiona la inexistencia de documentos anteriores a 1981, es decir, que destaca la falta de prolijidad de la Casa de Bello al no haber formalizado la aprobación de los créditos y asignaturas cursadas por la Mandataria entre 1971 y 1981, lo cual transgrede abiertamente las disposiciones establecidas para la Casa de Bello así como vulnera también el Principio de Celeridad según el cual tanto las autoridades como los funcionarios públicos se encuentran obligados a actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución.

 

Tal es así que en el expediente no figuran las concentraciones de notas o de créditos aprobados  por la Mandataria emitidos en actos administrativos u oficios, en el mismo orden cronológico en que fueron cursadas, entre el año de ingreso 1970 y 1981, sino que figura una única Concentración de Notas presuntamente confeccionada en agosto de 1982. Los únicos dos documentos anteriores, sin firmas, corresponde al presunto Oficio N° 001775, del mes de junio de 1981 donde se certifica un total de 5 asignaturas aprobadas entre 1974 y 1975 por doña Michelle, y la controvertida Resolución Universitaria N° 196, fechada el 20 de abril de 1979, sin firmas y además ilegible, donde presuntamente se certificaría que la señora Bachelet es reincorporada como alumna repitente del cuarto año de medicina, debiendo además cursar nuevamente las asignaturas de Medicina y Cirugía correspondiente al período académico 1974.

 

Dentro del mismo oficio, y como también después lo solicitó en forma paralela, los rectores Victor Pérez y Ennio Vivaldi han certificado, en forma indistinta, que la señora Michelle Bachelet fue alumna de la carrera de medicina, obteniendo su Licenciatura en Medicina el 22 de octubre de 1982, y un mes y medio después, con fecha 7 de enero de 1983, el título de Médico Cirujano (tal como se puede observar en los documentos aquí publicados).

 

Teniendo en cuenta este conjunto de meras fotocopias, en el mes de junio de 2014 el denunciante solicitó a la Universidad de Chile y a la señora Bachelet tener a la vista los originales de los diplomas otorgados por dicha entidad pública, además de una fotocopia en colores y en tamaño normal de los diplomas originales que acreditasen que doña ella estaba en posesión de su Licenciatura en Medicina y del título profesional de Médico Cirujano. El resultado fue previsible: la señora Bachelet simplemente se negó a ello en tanto que a la carta -de fecha 17 de junio de 2014 presentada por Novakovic- la Universidad de Chile decidió no contestarla, por lo cual las presentaciones pasaron a Contraloría General de la República.

 

Con fecha 18 de mayo de 2015, mediante Dictamen N° 39.735, la Contralora (S) General de la República doña Patricia Arriagada Villouta realiza reparos por la actitud adoptada por la Universidad de Chile al no contestar, teniendo en cuenta que la presentación de Novakovic fue efectuada en términos respetuosos y convenientes tal como lo exige la ley. Acto seguido -y en una actuación sin precedentes- el Ente Controlador procede a constituirse directamente en las Oficinas de Títulos y Grados de dicha casa de estudios logrando acreditar que en el expediente de la Presidenta sólo obran meras fotocopias sin que existan documentos en original referente a la Licenciatura en Medicina y al título profesional de Médico Cirujano.

 

Novakovic solicita Peritaje Caligráfico a los originales de los Diplomas conferidos a Michelle Bachelet

 

Como arriba se indicó, tres días previo a la interposición de la Denuncia ante el entonces Fiscal Nacional don Sabas Chahuán Sarrás, el denunciante redacta e ingresa ante las Oficinas de Partes de la Universidad de Chile una carta dirigida al entonces Rector don Víctor Pérez Vera, solicitando se le informe lugar, fecha y hora para que un par de Peritos acreditados ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago se constituyan en la Oficina de Títulos y Grados de dicha casa de estudios y procedan a revisar los originales de los diplomas de Licenciatura en Medicina y Médico Cirujano que, respectivamente, fueron presuntamente conferidos a doña Michelle los días 22 de octubre de 1982 y 7 de enero de 1983. Los Peritos Caligráficos designados por Rodolfo Novakovic, junto con observar y realizar diversas observaciones a la tinta, los sellos, estampillas y firmas, así como determinar su envejecimiento, debían posteriormente emitir un presupuesto de sus correspondientes honorarios profesionales.

 

La carta de Novakovic termina con la siguiente frase "solicito formalmente que a mi petición se le otorgue el Procedimiento de Urgencia, esto es, que vuestra respuesta me sea proporcionada antes de los veinte días siguientes de la presente misiva, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 63° de la Ley 19.880". De esta manera, la Casa de Bello tuvo un plazo legal que expiraba a fines de julio de 2014 para pronunciarse ya sea accediendo o bien denegando lo peticionado.

 

No obstante, las semanas y los meses transcurrieron sin que la Universidad de Chile cumpliese con su obligación de dar contestación a las presentaciones que -en términos respetuosos y convenientes- fue efectuada por este ciudadano. Por tal motivo, con fecha 5 de febrero de 2015, es decir, casi ocho meses después, el denunciante ingresó su queja ante Contraloría General de la República solicitando que, además, se de inicio a un sumario administrativo destinado a sancionar a los funcionarios que resulten responsables de la señalada omisión. La presentación de Novakovic no era una petición enmarcada dentro de la Ley de Transparencia sino -como él mismo señala- una petición formal y específica que se relaciona con la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, Ley N° 19.880. Por ello, la presentación fue derivada a la División de Auditoría Administrativa.

 

En efecto, la razón del por qué Rodolfo Novakovic ingresó una solicitud a la Casa de Bello invocando la Ley 19.880 se debió a que los documentos que, una y otras vez la Rectoría le entregaba por medio de oficios, no eran más que meras fotocopias reducidas en blanco y negro. Como bien lo explica la Contralora (S) en su dictamen: "Sobre el particular, sostiene el recurrente que, en virtud de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, pidió a la autoridad universitaria copia de diploma de Licenciado en Medicina y del título de Médico Cirujano de la señora Verónica Michelle Bachelet Jeria, en colores de alta resolución y en tamaño natural; ello en consideración a que en una ocasión anterior se le habían proporcionado tales antecedentes en blanco y negro, de modo que no le fue posible apreciar a simple vista la existencia de alguna anomalía o decoloración en las estampillas; lo que puede ser analizado por un experto caligráfico o perito en la materia".

 

"Agrega el interesado que esta solicitud fue contestada por la aludida entidad en el oficio que se singulariza, en que procedió a entregarle nuevamente copias reducidas en blanco y negro de los referidos documentos. Seguidamente, indica, que en el marco de la ley N° 19.880,... , requirió a la Rectoría de la Universidad de Chile, fijase día, fecha y hora, permitiendo que un perito caligráfico, de su confianza, inscrito como tal ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, pudiese tener acceso a los originales de los respectivos certificados de titulación con la finalidad de realizar "in situ" ciertas pruebas, a fin de determinar mediante un informa pericial si los diplomas y la caligrafía son copia fiel de los originales o corresponden a una simple falsificación. Añade que, como en el caso anterior, la Universidad de Chile nuevamente no ha dado respuesta a su requerimiento".

 

Por tales causales, el Ente Contralor dispuso una indagatoria en la aludida Universidad de Chile para determinar si efectivamente existían documentos en origina o bien sólo meras fotocopias en tamaño, además, reducido. La autoridad universitaria -entre sus descargos- indicó que no era posible remitir los diplomas en el formato requerido por no existir dicha documentación en original en poder de dicha casa de estudios, puesto que en ese tiempo "los diplomas emitidos sobre la materia consultada se elaboran como ejemplares únicos para ser entregados a su titular, siendo excepcionales las ocasiones en que se conservan copias de dichos antecedentes, en cuyo caso normalmente se trata de fotocopias simples, en formato blanco y negro, y no siempre en el mismo tamaño original".

 

Ante dichos descargos, el Ente Contralor expresa "Con el propósito de verificar tal procedimiento esta Contraloría General se constituyó en la Oficina de Títulos y Grados del mencionado plantel educacional comprobando la efectividad de lo expresado, en cuando a la emisión y archivo de estos documentos". Finalmente, y en lo que respecta a la pericia de documentos originales, doña Patricia Arriagada Villouta razona "Ahora bien, considerando que la institución de peritos se enmarca, en el Código Penal, en los artículos 321 y siguientes, y conceptuados como auxiliares del Ministerio Público, y que la Universidad de Chile se rige por enunciado Principio de Juridicidad, no corresponde que esa casa de estudios acceda a proporcionar la información solicitada, toda vez que la eventual actuación de los peritos particulares no se enmarcaría en un procedimiento ordenado por la autoridad competente, esto es, el Ministerio Público o un Tribunal de Garantía, únicas a la que la mencionada casa de estudios podría someter su voluntad". Con todo, según consignó el Ente Contralor, la Universidad de Chile no posee documentos en original referente al otorgamiento de Licenciatura de Medicina y título de Médico Cirujano a doña Michelle Bachelet, por lo cual no puede proporcionar a Novakovic algo que no existe.

 

Ahora bien, y para concluir el presente análisis resumido , Contraloría General también se pronuncia sobre la demora o negativa de la Universidad de Chile en responder a Novakovic en la forma y plazo que dispone la Ley 19.880. El Ente Contralor indica que se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 19, numeral 14°, de la Constitución Política de la República, en cuando asegura a todas las personas el derecho de presentar requerimientos a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Al respecto, Patricia Arriagada explica "..., la jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador, contenida, entre otros, en el dictamen N° 43.042 de 2014, ha precisado que el derecho previsto en la disposición constitucional citada, conlleva la obligación de los entes públicos de responder a las solicitudes de los ciudadanos lo que en derecho proceda, debiendo tomar una determinación frente a lo pedido, sea acogiéndolas o denegándolas, o bien, en el evento de carecer de competencia, limitarse a declarar ese hecho, dándoles debido conocimiento de la respuesta dentro de un plazo prudencial, la que, por razones de certeza y buena técnica administrativa, debe constar por escrito. En este orden de ideas, es menester señalar que la petición fue formulada en términos respetuosos y convenientes y, por ende, es estricto rigor, esta segunda solicitud debería haber sido contestada (por la Universidad de Chile), lo cual no consta".

 

Conclusión preliminar de esta Primera Parte

 

 

Con tales antecedentes formales, la negativa de la Universidad de Chile de dar respuesta a su carta de junio de 2014, y la confirmación por parte de Contraloría General de la República de la inexistencia de documentos originales que prueben que Michelle Bachelet realmente pudo titularse en dicha entidad, Rodolfo Novakovic concluye que no puede darse crédito, ni considerarse veraz, a los meros oficios emitidos por la Universidad de Chile tanto al Ministerio Público como a su persona, puesto que -como lo ha razonado Contraloría General en diversos dictámenes- no existen actos administrativos que estén debidamente formalizados y que acrediten (con documentación original y en orden cronológico) que la Mandataria terminó con éxito y que se tituló de médico.

 

Por otra parte, existen varios elementos que ponen mientes -más allá de toda duda razonable- a que doña Michelle esté en posesión de su título de médico: primero, no existen documentos originales que demuestren que doña Michelle Bachelet fue fehacientemente reincorporada en abril de 1979; segundo, no es posible que se le haya permitido convalidar tres años realizados antes de su partida al exilio, teniendo en cuenta que estuvo alejada de Chile por más de cuatro años, por lo que al no haber tenido la calidad de alumna egresada en 1975 debió haber necesariamente recomenzado la carrera de medicina desde el primer año; tercero, que ella no pudo haber recibido el diploma de médico cirujano tan sólo cinco semanas después de haber recibido la Licenciatura en Medicina, habida consideración que tanto hoy como en aquel entonces (en una carrera que duraba y dura SIETE años), el internado de medicina tiene una duración de dos años; y cuarto, que el diploma de Licenciada lo recibe presuntamente el 22 de octubre de 1982, sin tener en cuenta que tanto ella como su madre -doña Ángela Jeria Gómez-, en calidad de exiliadas, no tenían autorización para ingresar oficialmente antes de agosto de 1983, sabiendo el Mundo de DDHH que los nombres de los primeros exiliados autorizados por el Gobierno Militar a retornar a nuestro territorio fueron publicados oficialmente el día 24 de diciembre de 1982.

 

¿Cómo entonces pudo doña Michelle Bachelet haber estado en Chile, en forma ilegal y sin autorización de ingreso por parte del Ministerio del Interior, para recibir su diploma de Licenciatura en Medicina el 22 de octubre de 1982, y haber estudiado clandestinamente desde el año 1979, cuando los primeros exiliados fueron autorizados a partir de la navidad de 1982?

 

En la Segunda Parte  procederemos a abordar en detalle éstas y otras interrogantes, así como la deficiente investigación que condujo el Ministerio Público; entidad que -como bien saben los ciudadanos chilenos- es totalmente autónoma e independiente del Poder Judicial.

Michelle Bachelet se niega a exhibir sus Diplomas originales

 

 

En el artículo anterior D-P Chile probó que ni la Universidad de Chile ni las restantes instituciones públicas poseen documentos en original que certifiquen que doña Verónica Michelle Bachelet Jeria está en posesión de su título de Médico Cirujano. Es más, que habiéndose apersonado Contraloría General de la República, sus funcionarios tomaron conocimiento de la inexistencia de documentos y/o diplomas originales que demuestren que nuestra actual Mandataria se licenció en octubre de 1982 y que se recibió de Médico Cirujano en enero de 1983.

 

De igual forma, pese a que doña Michelle ha agregado en su currículo tener a su haber la especialidad de Pediatría con mención en Epidemiología, esta vez ha sido la propia Universidad de Chile la que -en diversos oficios remitidos en su oportunidad al denunciante Rodolfo Novakovic y al Ministerio Público- ha desmentido a la Presidenta de la República exponiendo que en Prorrectoría de dicha casa de estudios no consta que ella haya obtenido la especialidad de Pediatra, y menos la mención de Epidemiología.

 

En efecto, y como puede verse en documentos expuestos, en el año 1990 la señora Bachelet postula como Médico Epidemiólogo al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, donde es contratada por 44 horas en el Departamento de Programa de las Personas, a cuyo cargo renuncia -por motivos particulares- con fecha primero de diciembre de 1991.

 

 

Por otro lado, y como se aprecia en copia del expediente aquí exhibido, con fecha 11 de marzo de 1996 doña Michelle Bachelet, aún como funcionaria del Ministerio de Salud, se inscribió en el Curso de Estudios Políticos y Estratégicos, de algo más de tres meses de duración, en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Para postular a dicho breve curso, iniciado el 11 de marzo y finalizado el 21 de junio de 1996, y como antecedentes académicos, la hoy Mandataria dice ser Médico y tener la especialidad en medicina de Pediatra y Epidemióloga mediante una beca especial de 3 años, al tiempo que ella indica como "idiomas dominados" el inglés, alemán y francés en diversos grados; indicando como dirección y teléfonos de contacto laboral aquellos pertenecientes al Ministerio de Salud ubicado en calle Mac Iver 541, Oficina 301; fonos 6394001 y 6333778.

 

A mayor abundamiento, con fecha 12 de agosto de 1996, y con el carácter de "Reservado", el Brigadier General y Director de la ANEPE don Roberto Arancibia Clavel le remite Documento (R) N° 3852/45 al Subsecretario de Salud Pública informándole que la funcionaria del Minsal doña Michelle Bachelet Jeria, en calidad de MÉDICO, se graduó en el 1er Curso Superior de Estudios Políticos y Estratégicos. Debido a sus calificaciones -informa la ANEPE a Rodolfo Novakovic- doña Michelle obtuvo la Beca Presidente de la República para participar, por un año, en un curso que tuvo lugar en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington DC, entre los meses de agosto de 1997 a agosto de 1998.

 

               

 

Habida consideración de los diversos años en que ella -argumentando su título de Médico, Pediatra y Epidemióloga- se presentó como tal ante las más diversas instituciones públicas, don Rodolfo Novakovic Cerda, como el "más modesto y humilde ciudadano chileno poderdante", con fecha 29 de mayo de 2015, ingresó por Ley de Transparencia la solicitud N° 21.431 a Palacio de La Moneda, pidiendo derechamente a la Mandataria la siguiente información pública:

 

a).- Listado, fechas y años, de aquellas asignaturas cursadas y aprobadas por S.E. en la carrera de Medicina que rindió en la Charite Universitätsmedizin Berlin (esto porque existe una misiva emitida en alemán por dicha casa de estudios indicando que no existen documentos ni antecedentes que acrediten que S.E. cursó asignaturas allá, y agregando además que S.E. habría continuado los estudios en los Estados Unidos de América).

 

b).- Copia de los Decretos y respectivos actos administrativos, en caso que existan, emitidos en 1979, tanto de aquel Decreto y/o Resolución emitido por el general don Fernando Matthei Aubel, como de los Decretos y/o actos administrativos emitidos por la Universidad de Chile y tramitados ante Contraloría que demuestren tanto su ingreso a Chile como vuestra reincorporación a la Universidad de Chile, respectivamente.

 

c).- Copia en colores y en tamaño normal del original de vuestro grado de Licenciatura en Medicina, presuntamente obtenido el día 22 de octubre de 1982.

 

d).- Copia en colores y en tamaño normal del original de vuestro título profesional de Médico Cirujano, supuestamente obtenido el día 7 de enero de 1983.

 

e).- Copia de las convalidaciones, revalidaciones y/o homologación en Chile de estudios cursados por S.E. en naciones extranjeras (en caso que existan y en caso que proceda).

 

f).- Copia en colores de vuestro Pasaporte tipo “L” u otro tipo, donde conste el ingreso oficial a Chile en el año 1979 o en un período previo al 25 de diciembre de 1982.

 

g).- Certificado emitido por Policía de Investigaciones de la época que compruebe vuestra llegada a Chile en un período anterior al día 25 de diciembre de 1982 (cuando fue publicada oficialmente la primera lista con los nombres de los exiliados autorizados a retornar al territorio nacional).

 

 

En su afán por buscar la verdad -y pese a que la Ley de Transparencia N° 20.285 dispone que cualquier ciudadano puede solicitar información pública sin expresión de causa- Rodolfo Novakovic estimó prudente y necesario exponer las razones en las que fundamenta su petición; razones que D-P Chile aquí resume:

 

"Que, sin querer ser parte de vuestro problema, bien sabe usted que mi trabajo ha sido además de sistemático, meticuloso en extremo, puesto que no me he dejado llevar por tendencias político partidistas, sino que mi afán ha sido –y aún es- poder conocer la verdad detrás de quienes nos gobiernan, por lo cual no logro comprender el que S.E. –desde un comienzo- haya permitido que la situación curricular académica vuestra se haya complicado  o se escapase de contexto, pues en lugar de recibir por parte vuestra y/o de vuestros asesores la información que latamente solicitaba, recibía como respuesta una negativa o absurdas dilaciones.

 

"Que, a mayor abundamiento, como bien usted bien lo sabe, con fecha 11 de enero de 2013, el Rector de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) emitió el Decreto EXENTO N° 9, por medio del cual le otorgaba a usted el Grado honorífico de Doctor Honoris Causa entre otras razones por haber obtenido la especialidad de Pediatría con Mención en Epidemiología, y por haber sido contratada –dice el considerando 5° de dicho decreto- como Pediatra y Epidemióloga en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente y luego en la Comisión Nacional del Sida (CONASIDA); especialidad que luego habría sido negada en forma oficial por la propia Universidad de Chile y cuyo Decreto N° 9 arriba referido habría sido enmendado con fecha 27 de marzo del presente año por Decreto Exento N° 1040 emitido por el Rector de la USACH, lo cual –más allá de lo que ello significa en sí- constituye una flagrante humillación hacia su persona; situación que francamente –y dicho de todo corazón y sin ánimo de ofender- no entiendo cómo S.E. ha logrado superar y/o enfrentar. Todo ello dicho en forma respetuosa hacia S.E. Es más, el Rector de dicha casa de estudios, don Juan Manuel Zolezzi Cid, me expone en un informe que la USACH determinó no entregar a S.E. ni la Medalla Universidad de Santiago en su categoría de Dorada, ni otorgarle el Diploma que la acredita como Doctora Honoris Causa, ni el nombre de V.E. fue anotado en el Libro de Oro de aquella casa de estudios, pese a que todo ello se había resuelto y así aparece en el mentado Decreto N° 9 de enero de 2013. En pocas palabras, esto constituye una afrenta hacia su persona y contra vuestra alta investidura, porque ello no sólo la rebaja a usted como persona, como madre y como mujer, sino que ofende a todos nosotros, sus ciudadanos chilenos y chilenas poderdantes.

 

 

"Que, por otro lado, y como bien usted ha de saber, todas las personas que recibieron apremio por parte del Gobierno Militar y que fueron exiliados hacia diversas naciones (muchos de ellos portadores de Pasaporte tipo “L”, esto es, limitado en su ingreso) no pudieron retornar en forma oficial hacia nuestro amado país Chile, sino hasta después de la Navidad de 1982 cuando el Ministerio del Interior, en la página N° 5 de La Tercera de la Hora, hace público los nombres de los primeros 125 exiliados autorizados a regresar oficialmente a nuestro territorio.

 

"Que, como usted recordará, vuestra amada madre, doña ÁNGELA JERIA GÓMEZ, fue autorizada a retornar a Chile a partir del día sábado 20 de agosto de 1983 cuando su nombre figura entre los 1.149 exiliados autorizados por el Ministerio del Interior a retornar a nuestra nación. En dicha lista el Subsecretario del Interior señala que una alternativa es la confección de una lista con los nombres de quienes no podrán ingresar a Chile, de modo que los restantes afectados por el exilio pueden sentirse automáticamente autorizados a volver.

 

 

"Que, dado que vuestra amada madre, doña ÁNGELA JERIA GÓMEZ, fue autorizada a retornar a partir de 20 de agosto de 1983, y por ende tácitamente también usted, entonces no parece ser posible el que ambas hubiesen podido ingresar oficialmente antes de aquella fecha, menos durante el año 1979, toda vez que el Ministerio del Interior y los organismos del Gobierno Militar se lo habrían impedido. Con ello, si ingresar a Chile antes de diciembre de 1983 era una afrenta a la justicia de Chile de ese entonces, mucho más difícil le habría resultado a usted el querer retomar oficialmente sus estudios de Medicina en la Universidad de Chile durante el año 1979.

 

"Que, no obstante y en busca de vuestra defensa y buscando corroborar vuestra versión, existirían presumiblemente dos documentos que abogarían a favor de S.E. de que habría retornado durante el año 1979:

 

a).- Un Decreto emitido presuntamente por el General don FERNANDO MATTHEI AUBEL aquel año, por medio del cual tanto usted como doña Ángela Jeria Gómez habrían sido autorizadas  a retornar a Chile.

 

b).- el Decreto Universitario N° 196, de fecha 20 de abril de 1979, emitido oficial y presuntamente por la Universidad de Chile, según el cual la autorizaría a usted a retomar como alumna repitente del 4° año de la carrera de Medicina; dejándose constancia que S.E. interrumpió vuestros estudios en el año académico de 1975 no matriculándose por viaje al extranjero.

 

 

"Que, no obstante, aparecen las siguientes dificultades que impiden conciliar vuestra versión de ingreso a Chile en 1979 con aquellas listas de los exiliados autorizados a retornar sólo a partir de la Navidad de 1982. He aquí sucintamente las explicaciones al respecto.

 

"Que, habiendo yo consultado a Contraloría General de la República por el Decreto emitido por don Fernando Matthei Aubel autorizando vuestro regreso, así como el de vuestra amada madre, el Ente Contralor ha indicado no tener registro del mismo sea que haya sido aquel calificado como AFECTO, o bien bajo la modalidad del Control de Reemplazo para los Decretos y Resoluciones calificados como EXENTOS de conformidad a los Arts. N° 14 y 15° de la Res. 600 de 1977 de Contraloría General; por lo cual derivó mi presentación ante el Ministerio del Interior, quien en la persona de don MAHMUD ALEUY PEÑA Y LILLO, por Oficio Ord. N° 5.822 de fecha 23 de marzo de 2015, me responde que luego de realizar una búsqueda exhaustiva, no pudo ser hallado dicho decreto.

 

 

"Que, de conformidad a lo que expresan los criterios de validez y existencia dentro de un Estado de Derecho, al indicarse la inexistencia de dicho Decreto de 1979 tanto por don MAHMUD ALEUY como por parte del órgano contralor, no queda más que determinar que don Fernando Matthei Aubel nunca emitió un Decreto aquel año autorizando tanto a usted, como a vuestra amada madre, al reingreso a Chile, lo cual parece quedar refrendado con las listas de los exiliados autorizados por el Ministerio del Interior a retornar, cuyos primeros 125 nombres fueron oficialmente publicado el día 25 de diciembre de 1982 en el medio periodístico La Tercera de la Hora.

 

"Que, similarmente, al observar el Decreto Universitario N° 196 de fecha 20 de abril de 1979 emitido presuntamente por la Universidad de Chile se trata, en primer lugar, de un documento ilegible, sin membrete válido, sin los nombres claros de quienes firman en representación de la casa de estudios; en segundo lugar, no figuran las firmas de dichos representantes o responsables, por lo que el documento no cumple con el requisito de validez; y tercero, que consultado por el mismo a la Contraloría General de la República por su toma de razón, ésta responde que no tiene conocimiento del mismo pero entrega copia del Decreto Universitario N° 196 de fecha 27 de junio de 1979 que corresponde a otra materia totalmente distinta, y a una sede diferente de la de Santiago de Chile.

 

 

"Que, tomado en cuenta lo anteriormente expuesto, al ser los decretos únicos, el Decreto Universitario N° 196 de fecha 20 de abril de 1979, que es AFECTO, no cumple con los requisitos básicos de existencia y validez que los actos administrativos deben cumplir en Chile y en todo Estado de Derecho, de modo tal que no queda más que tenerlo como un documento carente de todo sustento y fundamento tanto desde el punto de vista legal (civil) como del Derecho Administrativo.

 

"Que, así las cosas, no parecen existir ni el Decreto de 1979 emitido por el general don Fernando Matthei Aubel ni el Decreto Universitario N° 196 emitido por la Universidad de Chile autorizando a que S.E. retome vuestros estudios de Medicina.

 

"Que, habida consideración de lo anterior, y dado que los únicos documentos fundantes corresponden a las listas que fueron emitidas oficialmente por el Ministerio del Interior a partir del 25 de diciembre de 1982 y habida consideración a que vuestra apreciada madre fue autorizada oficialmente a ingresar a Chile a partir del día 20 de agosto de 1983 cuando su nombre aparece en la Lista N° 9 emitida en La Tercera de la Hora, no queda más que concluir –en un primer análisis- que usted no pudo ingresar al país antes de 1983 ni menos retomar oficialmente la carrera de Medicina.

 

 

"Que, por lo anteriormente expuesto, y dicho todo ello en forma muy respetuosa, ya que usted es madre, mujer y además nuestra Excelentísima Presidenta de la República, no parece posible el que usted haya podido haber obtenido el Grado de Licenciatura con fecha 22 de octubre de 1982, puesto que la Lista N°1 con los primeros 125 exiliados a retornar figura publicada oficialmente meses después, el día 25 de diciembre de 1982.

 

"Que, de igual manera, S.E. no pudo haber obtenido el título de Médico Cirujano con fecha 7 de enero de 1983, puesto que vuestra madre (y tácitamente usted) no pudieron haber ingresado oficialmente a Chile antes del 20 de agosto de 1983, ni menos estudiar libremente en una universidad del Estado como lo era y es la Universidad de Chile.

 

"Que, demás está decir el que, pese a usted incluso de manera pública se ha presentado como Pediatra, la propia Universidad de Chile ha negado tal hecho y así ha quedado refrendando en el Decreto N° 1040, de fecha 27 de marzo de 2015, emitido por el Rector de la USACH don Juan Manuel Zolezzi Cid.

 

 

"Que, a mayor abundamiento, y producto de dos presentaciones que efectué ante la Universidad de Chile el día 17 de junio de 2014 y que, al no recibir respuesta dentro de plazo o ser la información de carácter evasiva, Contraloría General de la República se apersonó en las Oficinas de Títulos y Grados de la Universidad de Chile, comprobando que no existen registros de copias en original de vuestros diplomas de Licenciatura y de vuestro respectivo título profesional, a lo cual el Rector adujo que aquellos se elaboran como ejemplares únicos para ser entregados a su titular, siendo excepcionales los casos en que se conservan copias de dichos antecedentes, en cuyo caso normalmente se trata de fotocopias simples, en formato blanco y negro, y no siempre en el mismo tamaño del original.

 

"Que, no obstante acoger en todas sus partes los descargos formulados por la Universidad de Chile, señala la Contralora (S) General en su página 3 del Dictamen N° 39.735 de fecha 18 de mayo de 2015, que dado que mi segunda presentación de junio de 2014 fue efectuada en términos respetuosos y convenientes, en estricto rigor, la Universidad de Chile debió haberla contestado, lo cual no consta. En efecto, señala la jurisprudencia ante el Ente Contralor contenida, entre otros, en el dictamen N° 43.042 de 2014, que el derecho previsto en la disposición constitucional del numeral 14° del Art. 19°, conlleva la obligación de los entes públicos de responder a las solicitudes que los administrados presenten, debiendo los órganos públicos tomar una determinación frente a lo pedido, sea acogiéndola o denegándolas, o bien, en el evento de carecer de competencia, limitarse a declarar este hecho, dándoles debido conocimiento de la respuesta dentro de plazo prudencial, la que, por razones de certeza y buena práctica administrativa, debe constar por escrito.

 

 

"Que, por tanto, resulta extraño que una universidad, en cuyos funcionarios públicos se presume conocido aún más todo el derecho, las leyes y normativas, no hayan dado contestación a mi petición hasta la fecha, lo cual –para cualquiera- podría interpretarse como un ocultamiento a mostrar la realidad de los hechos concernientes a vuestros estudios académicos.

 

"Que, como bien usted comprenderá, dada la falta de credibilidad que hoy los ciudadanos tienen (y tenemos) frente a las instituciones del Estado, y frente al proceder de los funcionarios públicos y de empresarios poco escrupulosos (sobre todo con la gran proliferación de escándalos de todo tipo, como el caso de vuestro hijo, el caso Penta, el caso SQM, aquellos que dicen relación con los Operadores Políticos, etc.) se hace necesaria que S.E. sea proactiva y que proceda a demostrar un dominio y don de mando; comportamiento y liderazgo que –desgraciadamente- usted no ha logrado demostrar. Recuerde que si un “capitán o líder” entra en “pánico” todos en el “barco” se desmoronan emocionalmente. Y una nación tiene una estructura similar.

 

"Que, dicho en forma respetuosa, S.E. debe siempre tener en mente que el verdadero “don” de un Líder debe ser su capacidad de “previsión”, de poder anticiparse a las cosas, de poder avizorar el futuro, de saber escoger a sus asesores y equipo de trabajo; todo lo cual, y para el caso que nos convoca (referente a vuestros estudios académicos), no sucedió y ya hoy S.E. ha sido prejuzgada por la ciudadanía, aún sin que exista veredicto a favor o en contra suya. En otras palabras, el sólo hecho que por años S.E. he haya negado en forma sistemática a proporcionarme la información académica vuestra que al final le detallo, le ha reportado tanto la pérdida de respeto por parte de los ciudadanos chilenos poderdantes y además una humillación sin precedentes hacia su persona.

 

 

"Que, referente a lo anterior, a usted claramente le consta que mi motivación ha sido, y seguirá siendo, conocer la verdad detrás de vuestros reales estudios académicos realizados. Y a S.E. ello le consta porque he rechazado una y otra vez invitaciones de periodistas o de medios nacionales o extranjeros a exponer sobre vuestro tema, pues aún tengo la secreta esperanza de que usted –y es el motivo de esta presentación- me entregue lo que solicito y así, aclarar cualquier malentendido que se haya interpuesto entre usted y quienes buscamos la verdad de las cosas. Para el caso que nos convoca, a todo quien me consulta, le entrego sólo hechos, sin elucubraciones inútiles, pues aplico para con usted la presunción de Inocencia, por lo que espero S.E. considere mi humilde carta como la última oportunidad que la vida le está dando para enmendar cualquier error (errare humanum est); y si al final si S.E. no realizó los estudios que hasta ahora usted ha aseverado, le pido que –como madre, como mujer y como Mandataria- hable con la verdad, con el corazón y se confiese ante los ciudadanos: la respetaremos en ello y con ello devolverá la confianza al país, incluso si decide renunciar, por el bien de Chile. Porque Líder no es aquel que no comete errores, sino aquel que los reconoce con hidalguía y valentía, los enmienda y procede a mirar hacia adelante."

 

Como ha sido la tónica de Michelle Bachelet, y pese a las múltiples oportunidades que Novakovic le ha dado todos estos años para que pueda demostrar ante todos que ella realmente se tituló de Médico, de Pediatra y de Epidemióloga, ella se ha negado sistemáticamente a transparentar su situación, al punto de negarse a toda petición que se le formule en este sentido. Por tal motivo, Novakovic procedió a ingresar el correspondiente Amparo en su derecho a acceder a información pública en contra de la Presidencia de la República, donde el controvertido y hoy renunciado Director Administrativo de Palacio de La Moneda don Cristian Riquielme contesta que la documentación solicitada por el ciudadano chileno no obra en poder de la Mandataria agregando además, que la Presidenta de la República no se encuentra afecta a la ley de Transparencia como sí lo es la Presidencia de la República como institución, por lo cual La Moneda se niega a entregar al peticionario los documentos por él solicitados. La hija de militares doña Vivianne Blanlot Souza, ex Ministra de doña Michelle Bachelet en su primer período y actual Directora del Consejo para la Transparencia (CPLT) determinó que ni la Presidenta ni la Presidencia de la República tienen la información solicitada por el requirente, razón por la cual la petición fue derivada a la Universidad de Chile, estableciendo ésta -y por "enésima vez"- que dicha institución carece de documentos originales referente a los estudios académicos de la Sra. Bachelet razón por la cual no puede acceder a lo pedido como no sean la mera entrega de fotocopias simples en blanco y negro.

 

 

Más, dado que semana tras semana la Presidenta doña Michelle Bachelet aparece en público vistiendo delantal blanco -mientras inaugura un consultorio o centro asistencial- aseverando ser Médico Cirujano, Pediatra y Epidemióloga, nuestro medio D-P Chile, con fecha 23 de noviembre del año pasado, ingresó formalmente a Palacio de La Moneda -invocando las leyes 19.880 y 20.285- la petición N° 29.605 (ver copias aquí publicadas) en la que solicitamos:

 

a).- Tener a la vista los diplomas originales que la acrediten como Licenciada en Medicina el 22 de octubre de 1982, como Médico Cirujano el 7 de enero de 1983, y los consiguientes diplomas originales que la acrediten como Pediatra con mención en Epidemiología; poder filmar dichos documentos libremente por ambos lados y obtener una copia en colores y en tamaño natural de los mismos.

 

b).- Tener a la vista la Cédula Nacional de Identidad de la Mandataria y poder acceder a una fotocopia por ambos lados (con especial interés en la zona donde se indica el título o profesión).

 

Nuevamente, y como ha sido costumbre de Palacio de La Moneda, la respuesta provino del hoy renunciado Cristian Riquielme, quien se negó terminantemente a acceder a lo solicitado por D-P Chile por estimar que si bien la Ley de Transparencia N° 20.285 le es aplicable a la Presidencia de la República, como institución, no lo es para la Presidenta de la República como tampoco le empecería lo solicitado por medio de la ley N° 19.880. En virtud de ello, D-P Chile interpuso el respectivo Amparo ante el Consejo para la Transparencia, dirigido por la ex Ministra de Bachelet doña Vivianne Blanlot. A su vez, Palacio de La Moneda -recordando lo sucedido con el caso de Novakovic- al no tener la documentación solicitada en la Presidencia derivó nuestra petición a la Universidad de Chile, la cual -evidentemente- contestó no tener copia de los originales ni copias legalizadas por lo cual nos remitió copias simples y en blanco y negro de los diplomas de Licenciatura en Medicina y de Médico Cirujano de doña Michelle Bachelet, respectivamente.

 

 

En resumidas cuentas, a pesar que la Mandataria -hoy como ayer- se presenta, y se ha presentado reiteradamente, ante todo Chile y ante las entidades nacionales e internacionales, como Médico Cirujano, como Pediatra y Epidemióloga, lo cierto es que el propio Palacio de La Moneda expone no tener los originales de los documentos solicitados en tanto que la Mandataria, como persona natural, se niega a acceder a exhibir los originales de sus documentos razonando a que ella no se encuentra bajo la tutela de la Ley de Transparencia.

 

25 de diciembre de 1982: Ministerio del Interior autoriza el retorno de los Primeros Exiliados

 

A personas como Michelle Bachelet Jeria, a su madre Ángela Jeria Gómez, y a cientos de otros chilenos, el Ministerio del Interior les había prohibido o "limitado" su ingreso al país, razón por la cual en sus pasaportes se podía leer la letra "L" (como en los ejemplos que aquí D-P Chile exhibe, obtenidos desde el Museo de la Memoria, donde Michelle Bachelet es una de sus directoras). Pese a que en el Museo de la Memoria y los DDHH existen minireportajes con declaraciones de Víctimas de DDHH reconociendo haber ingresado, por diversos pasos fronterizos no habilitados, a territorio nacional para preparar acciones en contra de la Dictadura, lo concreto es que ninguno de los exiliados pudo estudiar ni insertarse como un ciudadano normal a menos que se tratase de un "informante" o "soplón", en cuyo caso tampoco podría estudiar en forma distendida ni formal ya que -como delator- debía mantener distancia con aquellas autoridades a las que informaban periódicamente.

 

Con fecha 15 de diciembre de 2014 ante el Fiscal Jefe de Delitos de Alta Complejidad don José Morales Opazo consta el ingreso de un escrito presentado por Rodolfo Novakovic en el cual solicita al Ministerio Público se cite a prestar declaración al Periodista de El Líbero don Uziel Gómez Padrón, Rut 14.658.444-6, quien se habría comunicado telefónicamente con él a las 18:15 hrs del día 11 de diciembre desde el fono 22-906 61 13 (de propiedad de dicho medio de prensa), señalándole tener en sus manos copia del Decreto emitido presuntamente en 1979 por el entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General don Fernando Matthei Aubel, mediante el cual habría autorizado el retorno a Chile -aquel mismo año- a doña Michelle Bachelet Jeria.  Novakovic refiere que dicho periodista lo habría llamado con la finalidad de inquirir detalles de su denuncia y tener acceso a la carpeta investigativa llevada a cabo por el Fiscal Regional don Andrés Montes, y que a cambio de dichos documentos don Uziel le entregaría copia del Decreto.

 

Ante este posible hallazgo Novakovic estimó que la mejor manera de conocer la verdad sería que dicho profesional de prensa entregase el documento directamente al Ministerio Público -en caso de que existiese- para así "ayudar a clarificar con precisión la fecha exacta de regreso al país de doña Verónica Michelle Bachelet Jeria,..., por lo que se hace urgente contar con una declaración ormal y oficial de dicho profesional del área periodística con la finalidad que, además, acompañe copia íntegra del dicho documento" -señala el denunciante en su escrito

 

Evidentemente, don Uziel Gómez Padrón jamás acompañó dicho documento, lo cual demuestra -hasta hoy- la inexistencia del mismo, lo cual es consistente con lo informado tanto por Contraloría General de la República como por parte del Ministerio del Interior señalando que -buscada la documentación de esos años así como las respectivas "tomas de razón"- no figuran Decretos o Resoluciones emitidas por dicho Ministerio y conocidas por Contraloría que señalen que doña Ángela Jeria Gómez y su hija, doña Michelle Bachelet Jeria, fueron autorizadas a retornar al país con anterioridad a la emisión de las listas oficiales publicas en medios de prensa, como La Tercera de la Hora, esto es, con anterioridad al 25 de diciembre de 1982.

 

 

Según declara Rodolfo Novakovic a D-P Chile, una fuente confiable suya, con contacto directo con don Fernando Matthei, con don Sergio Fernández, con Francisco José Folch y con don Enrique Montero Marx, le ha señalado que "habiendo (dicha fuente) hablado con el General Matthei, con Sergio Fernández, con Francisco José Folch y con el señor Montero Marx, para ver si alguien recuerda si hubo una autorización para su regreso a Chile en 1978 o 1979, o si la autorización recién se dio en Agosto de 1983, en cuyo caso no podría haber obtenido el título de médico, estos últimos señalan que nunca emitieron Resoluciones o Decretos u otro documento oficial autorizando el retorno anticipado de la señora Ángela Jeria y de su hija". Seguidamente la fuente señala "El General Matthei cree haber hablado alguna vez con Sergio Fernández, pidiéndole que las autorizasen a retornar, pero no está seguro. Ni Sergio ni Francisco José recuerdan una conversación el General Matthei respecto de ese tema, si bien un grupo de diputados está haciendo averiguaciones oficialmente sobre la materia..."

 

En concreto, los documentos oficiales emitidos por las instituciones públicas a cargo de la salida e ingreso de personas desde y hacia nuestro territorio nacional, así como las respuestas emitidas por Contraloría referente a las respectivas "tomas de razón" de Decretos o de Resoluciones oficialmente emitidas por los Órganos de la Administración del Estado, señalan fehacientemente que ni la señora Ángela Jeria Gómez ni la señora Michelle Bachelet Jeria pudieron haber ingresado -en forma oficial- con anterioridad a la emisión de la primera Lista de Exiliados autorizados a retornar formalmente a fines de 1982, por lo cual no queda sino desechar de plano la Resolución o Decreto N° 196, sin firma ni timbre y de espurio origen, de fecha 20 de abril de 1979, que la Universidad de Chile le entregase a Rodolfo Novakovic en el cual se señala supuestamente que la Sra. Bachelet Jeria habría sido autorizada a reincorporarse como alumna repitente del 4° Año de Medicina en dicha casa de estudios.

 

 

En efecto, en la sección Crónica de La Tercera de la Hora, página 5, de fecha 25 de diciembre de 1982, consta claramente que el Ministerio del Interior autoriza oficial y formalmente el regreso al país de los primeros 125 exiliados. Al revisar esta lista no figuran los nombres de las señoras Jeria ni Bachelet, por lo cual no pudieron haber estado en Chile residiendo en forma oficial, sólo en forma clandestina. Con esto se demuestra que doña Michelle Bachelet no pudo haber recibido, con fecha 22 de octubre de 1982, el Grado de Licenciatura en Medicina por parte de las autoridades de la Universidad de Chile.

 

En la sección Crónica de La Tercera de la Hora, página 12-A, de fecha sábado 15 de enero de 1983, el Ministerio del Interior publican el Segundo Listado donde autorizan la entrada de otros 79 exiliados. El anuncio formal lo efectuó el entonces Ministro del Interior, General don Enrique Montero Marx. Al revisar la lista D-P Chile pudo comprobar que, entre los nombres, no figuran las señoras Ángela Jeria ni Michelle Bachelet. Con ello se comprueba que nuestra actual Mandataria no pudo haber recibido, el 7 de enero de 1983, de manos de las autoridades de la Universidad de Chile el título de Médico Cirujano.

 

Posteriormente, con fecha 10 de marzo de 1983, en la sección Crónica de La Tercera de La Hora, el Subsecretario del Interior, don José Folch, dio a conocer el Tercer Listado con los nombres de los 105 adultos y 3 menores autorizados a retornar a Chile. Revisado el listado D-P Chile pudo comprobar que los nombres de las señoras Jeria y Bachelet no figuran como autorizadas a su ingreso. Además, en el listado no figuran personalidades políticas conocidas durante la Administración del Presidente Salvador Allende, figurando sólo el nombre de Rose Marie Graepp, quien fue periodista de Canal 13 y abandonó el país en 1973, poco después del Golpe Militar.

 

En la sección Crónica de La Tercera de La Hora, página 5, de fecha jueves 14 de abril de 1983, se difunde el Cuarto Listado con los nombres de los nuevos 48 chilenos exiliados autorizados a retornar a Chile. La lista fue entregada oficialmente por el Subsecretario del Interior don Francisco José Folch, figurando en ella el nombre de los periodistas Mario Gómez López y Jorge Uribe Navarrete. Buscando los nombres de las señoras Ángela Jeria y de Michelle Bachelet, D-P Chile comprobó que ambas no figuran como autorizadas a su retorno al país.

 

En la sección Crónica de La Tercera de La Hora, página 4, de fecha viernes 20 de mayo de 1983, se difunde el Quinto Listado con los nombres de los nuevos 76 chilenos exiliados autorizados a retornar a Chile. La lista fue entregada oficialmente por el Subsecretario del Interior don Francisco José Folch. Buscando los nombres de las señoras Ángela Jeria y de Michelle Bachelet, D-P Chile pudo comprobar que ambas no figuran como autorizadas a su retorno al país.

 

 

En la sección Crónica de La Tercera de La Hora, página 12-A, de fecha miércoles 22 de junio de 1983, se difunde un nuevo listado con los nombres de los nuevos 128 chilenos exiliados autorizados a retornar a Chile. La lista fue entregada oficialmente por el Subsecretario del Interior don Germán Gardeweg. Buscando los nombres de las señoras Ángela Jeria y de Michelle Bachelet, D-P Chile pudo comprobar que ambas no figuran como autorizadas a su retorno al país.

 

 

En la sección Crónica de La Tercera de La Hora, página 5, de fecha sábado 9 de julio de 1983, se difunde un nuevo listado con los nombres de los 88 chilenos exiliados autorizados a retornar a Chile. En la lista, dada a conocer por el Subsecretario del Interior don Germán Gardeweg, figuran el ex senador democratacristiano don Renán Fuentealba y el ex diputado comunista don César Godoy Urrutia. Buscando los nombres de las señoras Ángela Jeria y de Michelle Bachelet, D-P Chile pudo comprobar que ambas no figuran como autorizadas a su retorno al país.

 

Previo al 20 de agosto de 1983 el Ministerio del Interior habría emitido una Octava Lista con los nombres de chilenos exiliados autorizados a retornar. Más, pese a los esfuerzos realizados D-P Chile no pudo dar con ella, por lo cual no nos es posible determinar si en este listado figuraba el nombre de Michelle Bachelet. No obstante, con fecha 20 de agosto de 1983, en la sección Crónica de La Tercera de la Hora, página 12-A, el Subsecretario del Interior don Germán Gardeweg publica el Noveno Listado conteniendo los nombres de 1.149 exiliados autorizados a ingresar al país, dentro de los cuales figura doña Ángela Jeria Gómez, la madre de nuestra actual Presidenta.

 

 

Con posterioridad a estas fechas, y así sucesivamente hasta 1987, se emitieron nuevas listas con los nombres de chilenos autorizados a reingresar al país; listas que D-P Chile no ha acopiado por estimar no ser necesario.

En conclusión, si el nombre de doña Michelle Bachelet aparece entre la fecha en fue publicada la Octava Lista extraviada y la fecha en que su madre, Ángela Jeria, fue oficialmente autorizada -esto es- el 20 de agosto de 1983, resulta evidente que la actual Mandataria no pudo haber ingresado a Chile en forma oficial con anterioridad al 9 de julio de 1983, fecha en la cual se publicó el Séptimo Listado (donde ella no figura como tampoco en los listados anteriores).

 

¿Cómo podría haber ella entonces ingresado a Chile en 1979 y reconvalidado oficialmente asignaturas por medio del espurio Decreto o Resolución Universitaria N° 196 del 20 de abril de 1979 supuestamente emitido por la Universidad de Chile, sin ser autorizada oficialmente a retornar (tanto ella como su madre) por parte del Ministerio del Interior?

 

La conclusión es evidente: Michelle Bachelet no pudo ingresar a estudiar normalmente la carrera de Medicina en 1979 ni haber recibido el grado de Licenciatura el 22 de octubre de 1982, porque el Primer Listado de Exiliados fue publicado el 25 de diciembre de ese año; como tampoco pudo haberse titulado de Médico Cirujano el día 7 de enero de 1983, ya que su nombre no figura como autorizada hasta por lo menos después del 9 de julio de 1983. Y si no se licenció de medicina ni se tituló de Médico Cirujano tampoco pudo haber cursado siquiera las asignaturas de Pediatría y Epidemiología, de lo que se desprende que menos aún pudo haber obtenido la Especialidad de Pediatría con mención en Epidemiología.

 

Universidad de Santiago modifica Resolución que le concede a Bachelet el título de Doctor Honoris Causa

 

 

Con la confirmación de que no existe documentación en original que pruebe que nuestra Mandataria es Médico, Pediatra y Epidemióloga, el denunciante Rodolfo Novakovic ingresa la Solicitud N° 245.873, de fecha 2 de diciembre de 2014, ante el Contralor General de la República -en ese entonces representado por don Ramiro Mendoza Zúñiga- solicitándose se practique el respectivo Control de Reemplazo a la Resolución o Decreto Exento N° 9, de fecha 11 de enero de 2013, emitido por la Universidad de Santiago de Chile (USACH) por medio del cual le confiera a la señora Michelle Bachelet Jeria el grado honorífico de Doctor, entregándole una medalla, un diploma e inscribiendo su nombre en el Libro de Oro de dicha casa de estudios, entre otras razones, por ser Médico, Pediatra y Epidemióloga.

 

Novakovic expone al Ente Contralor que se hace necesario determinar -con documentación de sustento- la causales esgrimidas en los considerandos 4° y 5° de la Resolución N° 9 emitida por la USACH, esto es, ser Pediatra y Epidemióloga, habida consideración que la propia Universidad de Chile ha negado que la señora Bachelet se encuentre en posesión de dicha especialidad y respectiva mención. El denunciante argumenta que -en los años 70's y 80's- los exiliados políticos y a quienes se les otorgó pasaportes tipo "L" no pudieron ingresar legal y oficialmente al país hasta que dicha autorización llegó en víspera de navidad del año 1982. De esta forma, ningún exiliado podría haber ingresado antes de dicha fecha, ni haber solicitado convalidación de sus estudios, mientras su nombre no fuese formalmente autorizado por el Ministerio del Interior y mientras dicha autorización no hubiese pasado por la respectiva "toma de razón" por parte de Contraloría.

 

A su vez, señala Novakovic, que la Universidad de Chile le informó que la señora Bachelet habría ingresado a estudiar Medicina en 1970 cursando asignaturas como Biología Celular, Estadísticas y Matemática prosiguiendo sus estudios hasta 1974 cuando se produjo el exilio, mientras que la USACH contradice lo anterior al señalar en su considerando 4° que la Presidenta cursó sus estudios de Medicina entre los años 1972 y 1975. En el mismo considerando 4° -advierte Novakovic al Contralor- la USACH expone que tras el exilio la Mandataria se habría titulado en 1982, lo cual no se condice con la propia información aportada por la Casa de Bello según la cual doña Michelle se habría titulado el año 1983. De igual manera tampoco resulta plausible de creer la versión dada por el rector de la USACH, señor Zolezzi Cid, cuando afirma en el mismo considerando que la señora Bachelet es Pediatra con mención en Epidemiología, pese a que la propia Universidad de Chile lo ha negado. Finalmente, el denunciante demuestra al Ente Contralor lo contradictorio del texto expuesto en el considerando 5° cuando la USACH afirma que la señora Bachelet, como Epidemióloga, habría sido contratada en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, luego en la Comisión Nacional del Sida, en la OMS, en la OPS y finalmente en la Agencia Alemana de Cooperación (GTZ).

 

Con fecha 24 de diciembre de 2014 el Ente Contralor solicitó al Rector de la USACH explicar los hechos denunciados, dándole un plazo de 10 días hábiles para contestar. La USACH no contestó, por lo que con fecha 4 de febrero de 2015, el Ente Contralor reitera la petición formal dándole un plazo formal de 5 días para responder. Finalmente, con fecha 27 de marzo de 2015, la Universidad de Santiago de Chile informa a Contraloría que a la señora Bachelet no le ha concedido el diploma de honor, que no le ha otorgado la medalla, y que su nombre no ha quedado registrado en el Libro de Oro de la USACH, y que además- teniendo presente que ella no es Pediatra ni Epidemióloga- dicha casa de estudios emite la Resolución N° 1040, de igual fecha, en la que rectifica la Resolución N° 9 de 2013 eliminando en el considerando 4° la oración: "Pediatra con mención en Epidemiología" y eliminando en el considerando 5° la frase "como Epidemióloga".

 

Ministerio Público recibe datos concretos de que Michelle Bachelet habría ingresado clandestinamente en 1981

 

Múltiples han sido las acusaciones, provenientes principalmente de la Derecha Tradicional, respecto de que la "comandante Claudia" -refiriéndose así a nuestra Mandataria- era una guerrillera que presuntamente trabajaba en la clandestinidad dentro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en contra de la Dictadura Militar y que incluso -según otras versiones no confirmadas-, en su calidad de médico, habría atendido a Cristian Edwards del Río, uno de los hijos de Agustín Edwards Eastman, durante el secuestro perpetrado por el FPMR, entre el 9 de septiembre de 1991 y el 1° de febrero de 1992, con la finalidad de recaudar la suma de US$ 5 millones de dólares por su liberación.

 

No obstante, D-P Chile ha recibido versiones -como veremos más adelante- diametralmente opuestas en el sentido que doña Michelle Bachelet Jeria -proveniente de una familia militar- jamás actuó en contra del Gobierno Militar, o en contra de regímenes totalitarios como lo fue la RDA, ni en contra un país neoliberal como Estados Unidos. En efecto, existen diversos artículos en los que se sostiene que la actual Mandataria, exiliada en la RDA, abría a petición del régimen de Berlín Oriental, y sin autorización de sus compañeros en el exilio, las cartas que desde Chile y el Mundo le eran remitidas a los chilenos que se habían trasladado a la República Democrática Alemana, emitiendo un informe sobre su contenido.

 

Por otra parte, mientras los chilenos exiliados no podían salir a voluntad ni siquiera a los países vecinos, el matrimonio Dávalos-Bachelet tenía un trato especial hasta el punto que incluso la propia RDA le habría pedido a Michelle Bachelet, para que actuando como su representante, viajase a Vietnam en el año 1977. Años después, esto sería confirmado, en medios de prensa tanto locales como internacionales, por la propia Mandataria el día 18 de noviembre de 2006 con ocasión de la Firma del Acta de Intenciones con miras a un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones. En efecto, Michelle Bachelet le confidenció a Nguyen Minh Triet que estuvo en Vietnam en 1977 durante un corto viaje, agregando: "Para una mujer de mi generación Vietnam siempre fue símbolo de un pueblo orgulloso de sí mismo, de sus capacidades y muy consecuente con las ideas de la libertad y de la independencia y fue siempre un ejemplo para todos nosotros (…) en las calles de Santiago muchas veces marchamos por Vietnam, en contra de la guerra y deseando la libertad y la independencia", a lo cual el líder vietnamita replicó que "si visitó Vietnam en 1977, ha sido amiga de Vietnam desde hace mucho tiempo" y agradeció el apoyo de los amigos chilenos especialmente de la generación que marchaba por la independencia de Vietnam.

 

En este mismo orden de cosas, el filósofo chileno y ex académico de la Universidad de Humboldt don Víctor Farías ha escrito en variados artículos que en el año 2000, con ocasión de la apertura de los expedientes que tuviese almacenado la STASI, solicitó autorización para examinar las actas de todos los chilenos que se exiliaron en Berlín Oriental desde 1973. De los documentos consultados -entre otros- destacan los de Carlos Altamirano, los de la familia de Luis Osvaldo Puccio Giesen y los del matrimonio Dávalos-Bachelet. Mientras que para el caso de Altamirano y de los familiares de Puccio existía documentación y expedientes individuales detallados, el Archivero se mostró extrañado que no existiese una Acta Individual para Michelle Bachelet siendo ella sólo mencionada en el expediente de su marido, Jorge Leopoldo Dávalos (MQS Allg. P4321/81). Es más, el investigador encontró una Auskunftssperre o documento con una anotación referida a Bachelet que indica textualmente "se prohíbe entregar ulterior información sobre sus actividades".

 

Si doña Michelle Bachelet hubiese sido efectivamente una "terrorista" o una real "agitadora" no habría podido acceder al cargo de Ministra de Defensa (pues la familia militar se cuida mucho en este aspecto), como tampoco entre agosto de 1997 y agosto de 1998 el Gobierno de Estados Unidos la habría autorizado a permanecer -por cerca de un año- en su territorio ni la habría apoyado para el cargo de ONU Mujer. Michelle Bachelet es claramente una mujer que -desde pequeña- se vinculó al mundo militar, el cual nunca ha abandonado, de modo que su paso por los grupos de izquierda bien podría ser considerado como una "bravata de juventud" (una rebeldía de adolescente) o bien como una instancia que tuvo el Gobierno de Pinochet y sus colaboradores para hacerse de los nombres de "guerrilleros" y posibles "terroristas" que quebrantaban la Seguridad Nacional. Y qué mejor que utilizar -para dichos fines- a los hijos o familiares de militares presuntamente insertos en dichas "células terroristas".

 

 

En efecto, con fecha 9 de septiembre de 2014, los fiscales Andrés Montes Cruz José Morales Opazo tomaron conocimiento de ciertos hechos que -vistos con detención- configuran delitos flagrantes y que debieran ser claramente investigados por  Ministros en Visita Extraordinarios, encargados de conocer los atentados y Violaciones a los DDHH. Y así como Militares y Carabineros han sido hoy condenados por declaraciones vertidas por ex conscriptos o testigos claves, también -como se mostrará seguidamente- la hoy Presidenta de la República de Chile podría eventualmente ser procesada y detenida por DELATAR  y mandar a prisión por espacio de 19 años al ciudadano chileno y militante del Partido Socialista don Sergio Godoy Fritis, esposo de la fallecida Presidenta de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), doña Berta Echegoyen Bonet.

 

El documento indica que, la última semana de agosto de 2014, don Sergio Godoy Fritis, comerciante y antiguo militante del PS, contactó a don Sergio Torres Henríquez -actual Director de D-P Chile- para informarle del interés en la investigación que realizaba Novakovic en relación con los estudios de medicina de doña Michelle Bachelet. Nuestro actual Director, tras llevarle cierta documentación para el señor Godoy fotografiara, insistió en que necesitaba que Rodolfo Novakovic -como denunciante- concurriese hasta su local comercial situado en la Galería Artesanal, Cultural y Turística ubicada en el paseo Aillavilu N° 1063, en pleno Barrio Mapocho y a pocos metros del conocido restaurante "La Piojera", ya que tenía importantes documentos para entregarle; encontrándose entre dicha documentación aquellos relativos a un supuesto pago de US$ 10 millones de dólares realizados a doña Michelle Bachelet y familia, por medio de CODEPU, por concepto de indemnización económica por la muerte de su padre, el General de Aviación don Alberto Bachelet.

 

 

Adicionalmente, don Sergio Godoy Fritis expuso al señor Torres que habría sido Michelle Bachelet, quien trabajando para los órganos represores de la Dictadura, habría ingresado clandestinamente a Chile en mayo de 1981 -junto con él y con don Osvaldo Puccio Huidobro- y que seguidamente lo habría delatado para que fuese detenido en Chillán el 23 de mayo de dicho año, siendo condenado a una pena aflictiva de 19 años por ingreso ilegal y por tenencia ilegal de armas.

 

Fue así que, con fecha 29 de agosto de 2014, el denunciante Rodolfo Novakovic se reúne con don Sergio Godoy Fritis quien no sólo le confirma todos estos hechos sino que agrega que tanto a él como al señor Osvaldo Puccio les consta que Michelle Bachelet no habría estudiado medicina sino que habría efectuado cursos de Estrategia Militar tanto en la RDA como, posteriormente, en los Estados Unidos. Novakovic comenta a D-P Chile: "tras recordar su situación vivida, un enfurecido señor Sergio Godoy Fritis me narra que era imposible que Michelle Bachelet hubiese ingresado en 1979 pues ella lo hace en mayo de 1981, cuando en forma clandestina, y por un paso fronterizo no habilitado, ingresa a Chile junto con él y junto a Osvaldo Puccio Huidobro" Seguidamente el denunciante relata: "Dice el señor Godoy que durante todo el trayecto hacia nuestro país, partiendo desde Australia, Michelle le preguntaba, en diversos tonos, hacia dónde se movilizaría una vez ingresado al país, a lo cual don Sergio inicialmente no quiso contestar, ya que las instrucciones eran claras: no hablar con sus compañeros sobre los destinos adoptados. Más, como Michelle le insistió finalmente en Santiago, y una vez que Puccio se marchó, le comentó que se movería hasta Chillán; lugar hacia donde personal de la CNI se movilizó posteriormente y donde lo esperaba apenas cruzó el umbral".

 

 

"Nadie sino Michelle Bachelet pudo haberme denunciado" - fue la frase crucial de Sergio Godoy que recuerda Novakovic en exclusiva para D-P Chile. Más, cuando Novakovic le solicitó la carpeta con los documentos prometidos y las pruebas que demostraban que Michelle Bachelet habría percibido la suma de US$ 10 millones en Europa, a cuya entrega habría asistido su difunda esposa, don Sergio Godoy se retracta y dice que ha cambiado de parecer porque su hija, Paula Godoy Echegoyen (de profesión Asistente Social y en ese entonces a cargo del Programa Prais del Ministerio de Salud) podría resultar perjudicada si tales documentos y evidencia llegaban a poder del denunciante.

 

Por tal motivo, y habiendo testigos claves de estos dichos, Rodolfo Novakovic procedió a informar de ello al Ministerio Público, para que formalmente procediese tomar declaración formal a don Sergio Godoy Fritis así como al señor Osvaldo Puccio para confirmar la veracidad de si es o no efectivo que en mayo de 1981 la señora Bachelet y los señores Puccio y Godoy ingresaron clandestinamente al país.

 

Como conclusión preliminar de esta segunda parte -y dejando a los Tribunales Unipersonales consagrados por el Código Orgánico de Tribunales la responsabilidad de investigar la efectividad de que nuestra flamante Presidenta sea una "soplona" o "delatora" de sus pares- lo concreto es que don Sergio Godoy Fritis señala que ella habría ingresado en forma clandestina en 1981 (siendo él detenido y condenado a 19 años en la Cárcel de Chillán), lo cual se condice con la documentación emitida por los órganos de la Administración del Estado que señalan que no existe información clara y coherente que permita demostrar o afirmar que doña Michelle Bachelet y su madre, doña Ángela Jeria, pudieron haber ingresado oficialmente al país antes del 9 de julio de 1983, por lo que no es posible pensar siquiera que ella obtuvo su Licenciatura el 22 de octubre de 1982 (cuando no era emitida la Primera Lista oficial de Exiliados autorizados a retornar) ni que obtuvo su título de Médico Cirujano el 7 de enero de 1983 (cuando su nombre no figura en ninguna de las primeras ocho listas oficiales).

 

 

En el próximo y último artículo - que será publicado el 11 de marzo- se demostrará la deficiente actuación del Ministerio Público al no derivar los antecedentes del Caso Títulos de Bachelet al 34° Juzgado del Crimen para que investigase estos posibles delitos (puesto que, por ley, los Fiscales no tienen atribuciones para investigar delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Nueva Reforma Procesal Penal), se conocerá el ofrecimiento que Palacio de La Moneda les hizo a los fiscales Montes y Morales -a cargo de la investigación en contra de Bachelet- para suceder a Sabas Chahuán Sarrás en el apetecido cargo de Fiscal Nacional, así como finalmente conoceremos la confesión que el fiscal don José Morales le hace a Novakovic señalándole que no se derivaron los antecedentes al "antiguo sistema" porque Bachelet reconoce no ser médico pero -a la vez- invoca la causal de prescripción de su delito.

 

Introducción a la Tercera Parte

 

 

En los dos artículos anteriores, D-P Chile demostró en forma fehaciente que nuestra Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria no posee documento original alguno que demuestre que ella es Licenciada en Medicina, Médico Cirujano, Pediatra y Epidemióloga.

 

En efecto, pese a que –en diversos oficios- los rectores Víctor Pérez Vera y Ennio Vivaldi Véjar, en representación de la Universidad de Chile, aseguraron inicialmente que doña Michelle Bachelet habría obtenido su Licenciatura en medicina el 22 de octubre de 1982 y el título profesional de Médico Cirujano el 7 de enero de 1983, lo concreto es que –tras haberse apersonado Contraloría General de la República- se terminó que no existían, en el expediente de Bachelet, más que meras fotocopias sin valor probatorio alguno, adoleciendo de inexistencia de documentos originales de sus diplomas.

 

De igual modo, la Universidad de Santiago de Chile (USACH), luego de haberle conferido a la Mandataria un Grado Honorífico de Doctor por haber cursado con éxito la especialidad de Pediatría y de Epidemiología, decide emitir un nuevo Decreto –en marzo de 2015- en donde le quitan tales méritos, además de no entregarle ni el diploma del Doctor Honoris Causa, ni la medalla con la consabida humillación de no inscribir su nombre en el Libro de Oro de la USACH.

 

 

Finalmente, se expuso documentación que en septiembre de 2014, fue conocida por el Ministerio Público –en causa RUC 1400708296-8 – según la cual doña Michelle Bachelet habría ingresado clandestinamente en mayo de 1981 junto a otros chilenos, lo cual demostraría que no era posible que la Mandataria hubiese entrado formalmente a Chile ni menos a estudiar en la Facultad de Medicina en abril de 1979; lo que se condice con las Listas Oficiales emitidas por el Ministerio del Interior de la época, conteniendo los nombres de chilenos exiliados autorizados a retornar al país a partir del 25 de diciembre de 1982.

 

Probado lo anterior, y dando enteramente por reproducida la información que D-P Chile ha compartido en sus dos capítulos anteriores, sólo queda determinar si la actuación del Ministerio Público, respecto de la denuncia causa RUC 1400708296-8 interpuesta por don Rodolfo Novakovic, se ajustó o no a derecho.

 

Para ello, y antes de abordar el tema, D-P Chile estima necesario distinguir conceptualmente la clasificación de los Delitos, así como el marco jurídico por el cual se rige el Ministerio Público habida consideración de la entrada en vigencia de la Nueva Reforma Procesal Penal.

 

Distinción entre Delitos Permanentes y Delitos Continuados en el Tiempo

 

 

En Chile los delitos se clasifican, según su forma de ejecución, en Delito Instantáneo, Delito Permanente, Delito Continuado, Delito Flagrante y Delito Conexo (o compuesto). Así, por ejemplo, el rapto o el abandono de una familia constituiría un ejemplo de Delito Permanente, ya que después de la consumación de aquel continúa la vulneración jurídica, en tanto que quien introduce una partida de contrabando repartiéndola en varios lotes, o quien provoca un envenenamiento aplicando dosis sucesivas de algún producto, o quien ejerce en diversos tiempos y lugares (en forma ilegítima) una profesión para la cual no tiene la autorización expresa, son ejemplos de Delito Continuado, pues el autor de tales delitos, obedeciendo a una misma resolución y configurando el mismo delito, lo lleva a efecto mediante una serie de actos idénticamente vulneratorios. En el caso de quien ejerce ilegítima e ilegalmente una profesión la ley no da relevancia a los actos individuales (pues en tal caso, serían varios delitos) sino que sólo distingue en que la persona, en forma continuada, comete -en el tiempo- un único delito, esto es, el ejercicio ilegal de una profesión para la cual no tiene ni los estudios ni los documentos que la acreditan o autorizan para ejercer como tal. De esta forma, cada vez que el delincuente comete un acto, dentro de un delito continuado, interrumpe la prescripción del mismo.

 

 

Así entonces, si un ciudadano chileno o un extranjero -sin tener la documentación original que la acredite para una profesión- consigue maliciosamente, en los años 90's, un título o diploma falso con el cual engaña, o pretende engañar, a las autoridades, a las instituciones, o a la ciudadanía en general, y continúa -al día de hoy- ejerciendo como tal, no puede solicitar la prescripción ante un Juez de Garantía, ni mucho menos ante un Fiscal del Ministerio Público, pues el delito -al ser continuado- debe necesariamente ser investigado en su origen, es decir, por un antiguo Juez del Crimen para luego dichos resultados e indagaciones ser remitidas al Fiscal respectivo para que prosiga la investigación desde la fecha en que el Ministerio Público entró en vigencia en la respectiva región del país hasta el día de hoy.

 

Conceptos Jurídicos Esenciales

 

Exceptuando los crímenes, delitos de sangre o de lesa humanidad (como Violaciones a los DDHH), el resto de los Delitos Instantáneos tienden a prescribir a los 5 ó a los 10 años de haberse perpetrado, de modo tal que una denuncia o querella criminal interpuesta hoy por Delitos Instantáneos sucedidos en los años 70’s, 80’s o 90’s, bien podrían podrían ser declarados prescritos por un Juez del Crimen de conformidad al Art. 107° del antiguo Código de Procedimiento Penal, ley N° 1853, que expresamente indica: “Antes de proseguir la acción penal, cualquiera que sea la forma en que se hubiere iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes o datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado. En este caso pronunciará previamente sobre este punto un auto motivado, para negarse a dar curso al juicio”.

 

En el mismo sentido, si el Delito Instantáneo o Delito Continuado fueron cometidos antes del inicio de la Nueva Reforma Procesal Penal, ni los Fiscales ni los Jueces de Garantía pueden juzgar ni fallar respecto aquellos hechos puesto que la disposición octava transitoria de la Constitución Política de la República establece expresamente “(1°) Las normas del capítulo VII "Ministerio Público", regirán al momento de entrar en vigencia la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Esta ley podrá establecer fechas diferentes para la entrada en vigor de sus disposiciones, como también determinar su aplicación gradual en las diversas materias y regiones del país. (2°) El capítulo VII "Ministerio Público", la ley orgánica constitucional del Ministerio Público y las leyes que, complementando dichas normas, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán exclusivamente a los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de tales disposiciones”

 

En caso que un Fiscal se extralimite en sus funciones o manifieste un proceder erróneo o arbitrario, además de su propia responsabilidad civil, penal o administrativa, será el Estado de Chile el principal responsable; todo ello de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5º de la Ley 19.640, orgánica constitucional del Ministerio público que señala “(1°) El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público. La acción para perseguir esta responsabilidad patrimonial prescribirá en cuatro años, contados desde la fecha de la actuación dañina. (2°) En todo caso, no obstará a la responsabilidad que pudiese afectar al fiscal o funcionario que produjo el daño, y, cuando haya mediado culpa grave o dolo de su parte, al derecho del Estado para repetir en su contra.”

 

Lo anteriormente expuesto entra en concordancia con lo expresado en el artículo 11 de la Ley orgánica del Ministerio Público que señala que “El personal del Ministerio Público estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere afectarle” y en relación con el artículo 45 del mismo cuerpo legal que expresa que “Los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de conformidad a la ley”.

Finalmente, los Fiscales Adjuntos, los Fiscales Regionales y el Fiscal Nacional no pueden ejercer la acción penal pública ni indagar hechos delictuales acaecidos antes de la fecha en que la ley indica la entrada en vigencia para las respectivas regiones, tal como lo dispone el artículo 4° transitorio de la Ley N° 19.640

 

Artículo 4º transitorio.- Las normas que autorizan al Ministerio Público para ejercer la acción penal pública, dirigir la investigación y proteger a las víctimas y los testigos, entrarán en vigencia con la gradualidad que se indica a continuación:

IV y IX Regiones            : 16 de diciembre de 2000.

II, III y VII Regiones     : 16 de octubre de 2001.

I, XI y XII Regiones       : 16 de diciembre de 2002.

V, VI, VIII y X Regiones: 16 de diciembre de 2003.

Región Metropolitana   : 16 de junio de 2005

 

Dentro de los plazos indicados, se conformarán gradualmente las fiscalías regionales, de acuerdo con los recursos que se aprueben en las respectivas Leyes de Presupuestos del Sector Público".

 

Análisis del Caso Títulos de Bachelet

 

Si bien no sabemos a ciencia cierta la fecha exacta en que doña Michelle Bachelet consiguió los falsos diplomas –fotocopias- que la acreditan como Licenciada en Medicina y como Médico Cirujano, lo concreto es que –de los anteriores publicaciones dadas a conocer por D-P Chile- existen documentos oficiales, emanados por el propio Ministerio de Salud, que señalan que la Mandataria se habría presentado como Médico y como Epidemióloga a partir del año 1990; coincidiendo de que se trataría –por ende- de un Delito Continuado, que se inició en 1990 y se ha prolongado hasta la semana antepasada (cuando la Sra. Bachelet ante diversos medios de prensa se presenta como Médico y Pediatra, con ocasión de la inauguración de un consultorio).

 

 

Por tanto, cuando el ciudadano chileno poderdante don Rodolfo Novakovic Cerda presentó su Denuncia el 24 de junio de 2014 ante el Fiscal Nacional don Sabas Chahuán Sarrás, siendo recibida la misma, con fecha 14 de julio de aquel año, por el Fiscal Regional Metropolitano Zona Centro Norte, don Andrés Montes Cruz, la primera diligencia que debió haber concretado este último es haberse declarado incompetente para investigar hechos anteriores al 16 de junio de 2015, al tiempo que debió remitir los documentos del denunciante al 34° Juzgado del Crimen de Santiago, para que iniciase la investigación formal de este Delito Continuado.

 

Recibidos los antecedentes del denunciante, el Juez del Crimen deberá determinar si le es aplicable la prescripción del Art. 107 del antiguo Código de Procedimiento Penal. Tras constatar que se trataría de un Delito Continuado, el magistrado del antiguo sistema debe dividir la investigación en dos partes.

 

En la primera parte, que corresponde al antiguo sistema, el Juez del Crimen debió ordenar la pericia de los diplomas y antecedentes que tiene la Universidad de Chile con aquellos que supuestamente se encontrarían en poder de la Presidenta, ordenar diligencias tendientes a determinar la fecha de entrada a Chile de la Mandataria (luego de su exilio), determinar si es efectivo que ingresó antes de diciembre de 1982, y en fin, indagar sobre todos los trabajos y cargos en los que doña Michelle fingió ser Médico, Pediatra y Epidemióloga hasta el 15 de junio de 2005; mientras que en la segunda parte, que deberá estar a cargo del Ministerio Público, el Fiscal Regional Metropolitano Zona Centro Norte debió indagar todos las veces que, desde el 16 de junio de 2005, doña Michelle Bachelet se hizo pasar por Médico, por Pediatra y por Epidemióloga, debiendo dichas indagaciones incluir aquel hecho sucedido en mayo de 2009 cuando ella procede a inscribirse como Médico Cirujano, en calidad de prestadora individual de salud, ante la Superintendencia de Salud de Chile, y así sucesivamente hasta hoy, cada vez que la Mandataria se presente en público fingiendo ser lo que no pude acreditar.

 

En resumen de cuentas, por tratarse de un Delito Continuado, ni el Juez del Crimen puede acoger solicitudes de prescripción –invocando el Art. 107° del antiguo CPP-, como tampoco los Jueces de Garantía a petición de los Fiscales pueden sobreseer o acoger causales de prescripción para este tipo de hechos, puesto que no tienen atribuciones legales para conocer de hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Nueva Reforma Procesal Penal.

 

Michelle Bachelet solicita Prescripción del Delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico ante el Fiscal don José Morales Opazo

 

 

Que Michelle Bachelet no es médico es hoy un hecho indesmentible y abiertamente demostrado por D-P Chile en base a la investigación de Novakovic. No obstante, una cosa es que los documentos demuestren esta conclusión y otra es que el propio Fiscal Jefe de Delitos de Alta Complejidad –don José Morales Opazo- haya citado al denunciante para hacerle ver que la propia Mandataria, por medio de sus abogados, solicitó la prescripción del Delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico al demostrar que la última vez que ejerció como Médico Cirujano se remonta al mes de noviembre de 1991.

 

En efecto, y tal como a D-P Chile cuenta en exclusiva el denunciante: “El 27 de noviembre de 2014 fui llamado a declarar por el fiscal don José Morales Opazo, quien, en presencia de la abogada asistente don Fernanda Orpis, me confidenció que los abogados de Michelle Bachelet reconocían que ella no era médico pero que solicitaron la prescripción de los 10 años para el Delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico. Acto seguido, siendo las 9:34 hrs, y en mi calidad de testigo, se levantó un acta con mi declaración donde aproveché de acompañar otros nuevos antecedentes”.

 

Novakovic dice a D-P Chile haber quedado sorprendido en extremo: primero, porque el propio fiscal don José Morales le confesó que Michelle Bachelet, por medio de sus abogados, reconocieron que la Mandataria no es Médico, y que –para evitar que los hechos fuesen derivados al 34° Juzgado del Crimen- invocan causal de prescripción de los 10 años de haber perpetrado el delito; segundo, porque al denunciante le pareció increíble que un Fiscal, quien siendo abogado, haya decidido mantener una investigación de hechos acontecidos antes de junio de 2005, mostrando un notable desconocimiento de la ley vigente; y tercero, que para terminar dicha investigación, referente a la denuncia causa RUC 1400708296-8, el Ministerio Público hubiese recurrido al pronunciamiento de un Juez de Garantía.

 

Rodolfo Novakovic Cerda, quien se define como “el más modesto y humilde ciudadano chileno poderdante”, no oculta su asombro ante esta decisión adoptada por el Ministerio Público, y secundada por los Tribunales de Garantía, pese a saber que el denunciante conoce que no es la Nueva Reforma Procesal Penal la llamada a investigar el origen de estos hechos.

 

Pese a todo, y ahora rompiendo su silencio, el denunciante se siente parcialmente conforme con que un Fiscal como José Morales, en presencia de su abogada asesora doña Fernanda Orpis, le haya reconocido que MICHELLE BACHELET NO ES MÉDICO y que fue ella misma quien, por medio de sus abogados, solicitó la prescripción del Delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico.

 

“Si alguien tiene dudas de lo que responsablemente aquí estoy exponiendo, puede consultarle directamente a José Morales y a Fernanda Orpis” –concluye Novakovic- “Yo demostré que nuestra Mandataria no es Médico, y ella –en vez de dar una pelea en tribunales- optó por solicitar la prescripción ante los fiscales; que aunque no procede, porque el Ministerio Público no tiene atribuciones para investigar delitos antes de 2005, sin embargo ello demuestra que mi modesta investigación ciudadana logró tocar, por primera vez, a un Presidente de la República en ejercicio. Ahora resta que el 34° Juzgado del Crimen haga su pega y que sea el actual Fiscal Nacional, señor Abbott, quien concluya esta labor y derive los antecedentes al correspondiente tribunal del crimen para probar lo que el mismo fiscal José Morales me reconoció aquella mañana del 27 de noviembre de 2014”.

 

La Moneda ofrece el cargo de Fiscal Nacional a José Morales

 

D-P Chile tomó conocimiento que, poco después de terminar con el Caso Títulos de Bachelet, habría sido el propio Palacio de La Moneda quien le habría ofrecido a José Morales postular al cargo de Fiscal Nacional. Y aunque inicialmente también habría trascendido que el Fiscal Regional don Andrés Montes estaría entre los candidatos, lo concreto es que, a poco andar decidió “bajar” su candidatura en busca del apetecido Sillón de Fiscal Nacional.

 

Con el transcurso de los meses, del total de once candidatos a Fiscal Nacional iniciales, finalmente sólo cuatro parecían tener las mejores posibilidades. En efecto, a mediados de septiembre de 2015, sólo cuatro eran los nombres que sonaban como posibles sucesores de Sabas Chahuán: Luis Toledo Ríos, Jorge Abbott Charme, José Morales Opazo y Rafael Mera Muñoz.

 

Finalmente, en noviembre pasado los candidatos favoritos fueron Jorge Abbott Charme y José Morales Opazo; siendo escogido –tras una reñida elección- la figura del primero.

 

Diputada Marcela Sabat es amenazada por investigar Caso Títulos de Bachelet

 

Teniendo entre manos la certificación, por parte de José Morales Opazo, de que Michelle Bachelet reconocía no ser médico y, seguidamente, que había invocado la prescripción de la pena para el delito de Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico, el denunciante decidió continuar indagando durante el año 2015 nuevos documentos que facilitaran –posteriormente- la investigación que iniciase el juez del 34° Juzgado del Crimen.

 

Dichas nuevas indagaciones alcanzaron su éxito cuando, con fecha 18 de mayo de 2015, Contraloría acredita haberse apersonado en la Prorrectoría de la Universidad de Chile comprobando la inexistencia de documentos, en original, que acreditasen los estudios de doña Michelle tales como diploma original de Licenciatura en Medicina y de Médico Cirujano.

 

El día 24 de junio de 2015 y mientras Rodolfo Novakovic realizaba algunos trámites en el Puerto de Valparaíso, a eso de las 16 hrs aproximadamente recibió una llamada telefónica del celular 99-716 87 67, quien aunque se identificó inicialmente como un Funcionario de La Moneda se negó a entregar su nombre y apellido. En una conversación que duraría más de 40 minutos el presunto funcionario le preguntó al denunciante las razones por las cuales él indagaba el título de Médico de la Presidenta, informándole –seguidamente- que por ley no se requiere tener estudios universitarios para postular a dicho cargo. Finalmente, tras reiteradas consultas por parte de Novakovic para que el funcionario indicase su nombre completo y cargo, el interlocutor dijo llamarse Juan Hidalgo y que antes había trabajado como empleado en la empresa Endesa S.A.

 

Tal sólo una semana después, con fecha 3 de julio de 2015, con ocasión de un almuerzo que Novakovic sostuvo con una amiga, éste se encontró con la Diputada doña Marcela Sabat, quien le confesó que estaba realizando una investigación junto a otros diputados referente a los títulos de Bachelet. Como la conversación se extendiera, la Diputada por Ñuñoa y Providencia se sumó finalmente al almuerzo contándole que –con fecha 24 de junio- ella, en calidad de Diputada, habría sido amenazada por un señor que la llamó precisamente del teléfono celular 99-716 87 67, es decir, el mismo individuo que una semana antes se había comunicado con Novakovic. La amiga de Rodolfo y el denunciante mismo instaron a Marcela Sabat a interponer la denuncia criminal ante las autoridades competentes así como solicitar que se iniciase una investigación formal para determinar el paradero y nombre concreto del desconocido.

 

Usando un celular que no era ni de Marcela Sabat ni de Rodolfo Novakovic, la Diputada procedió a llamar –delante de sus dos amigos- al número celular 99-716 87 67, contestando una mujer quien dijo que “Milton se encuentra manejando y, por ende, no puede contestar al teléfono…

 

En base a estos hechos sucedidos el denunciante nos entrega un correo electrónico que con fecha 21 de julio de 2015 remitió a la gerencia general de ENDESA S.A., sin que hasta la fecha, y pese a sus reiterados llamados, haya sido contestado. Aquí D-P Chile difunde el texto íntegro de la carta:

 

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Señor Valter Moro,

Gerente General, Endesa
De mi consideración, 
Con fecha miércoles 24 de junio del año en curso, desde el celular 09-7168767 se comunicó a mi celular un señor que, primero, dijo llamarse JUAN HIDALGO, y que una semana después, cuando nos comunicamos junto a una Diputada de la República (a quién también había llamado ese mismo día 24 de junio) dijo llamarse MILTON HIDALGO. Según me contó la Parlamentaria este señor Milton o Juan Hidalgo la habría llamado antes en términos amenazantes.
Este señor dijo ser funcionario actual del Gobierno pero que antes habría ejercido como Funcionario o Ejecutivo en ENDESA. 
Por lo anterior, me interesa saber -antes de interponer la respectiva denuncia ante el Ministerio Público- si es efectivo que este señor, que usa el celular 09-7168767, es o fue funcionario de ENDESA.
Para que conste este correo y me sirva para de respaldo para la denuncia ante el Ministerio Público, estoy remitiendo copia del mismo al Director Administrativo de Palacio de la Moneda ([email protected]).
Para cualquier consulta no dude en comunicarse a mi celular: 07-6607430.
Atentamente le saluda
Rodolfo Novakovic Cerda
Cel. 07-6607430

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Novakovic comenta en exclusiva a D-P Chile que –hasta la fecha de la publicación del presente artículo- no tiene certeza de que la Diputada doña Marcela Sabat haya interpuesto la acción criminal en contra de quien la amenazó por involucrarse dentro del Caso Títulos de Bachelet, pero que ello demuestra el grado de desesperación –por parte de algunos- por evitar que otros chilenos se sumen a las indagaciones que él mismo ha inició en 2007 y 2008 con motivo del Caso Nutricomp ADN.

 

Conclusiones Finales

 

De las tres publicaciones que D-P Chile ha venido difundiendo, en base a la exhaustiva investigación del ciudadano denunciante don Rodolfo Novakovic, podemos extraer dos importantes conclusiones

 

1.- Que no existe documentación en original, ni en la Universidad de Chile, ni en Contraloría ni en los restantes órganos de la Administración del Estado, que demuestre que nuestra Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, es Médico, Pediatra o Epidemióloga; agravado por el hecho que tanto al denunciante como a nuestro medio, D-P Chile, la Mandataria se ha negado terminantemente a exhibirnos los diplomas en original y otorgar fotocopias en colores y tamaño natural que prueben sus estudios de pregrado y posgrado en Medicina.

 

2.- Que, a la luz de las declaraciones del denunciante, con fecha 27 de noviembre de 2014, en Audiencia sostenido en Fiscalía Centro Norte, el Fiscal Jefe de Delitos de Alta Complejidad, don José Morales Opazo -en presencia de la abogada asesora doña Fernanda Orpis- le reconoció no sólo que doña Michelle Bachelet habría reconocido no ser Médico, sino que además solicitó la prescripción del Delito por Ejercicio Ilegal de la Profesión argumentando a su favor haber trabajado como tal hasta fines de 1991.

 

Por ello, llama poderosamente la atención que, primero, los fiscales Andrés Montes y José Morales -en representación del Ministerio Público- no hayan cumplido con su obligación legal de derivar los antecedentes al Juez del 34° Juzgado del Crimen para que se hubiesen investigado este Delito Continuado que es anterior a junio de 2005; fecha en que entró en vigencia la Nueva Reforma Procesal Penal; y segundo, que habiendo solicitado la prescripción de los hechos, la Mandataria aún se presente ante todo el país -casi en forma desafiante- como Médico, Pediatra y Epidemióloga.

 

De igual manera, resulta sospechoso que Andrés Montes y José Morales se hayan presentado, casi inmediatamente después de dejar de lado la investigación del "Caso Títulos de Bachelet",  como candidatos al sillón de Fiscal Nacional, sin haber dado cumplimiento con lo que ordena la ley para estos delitos, esto es, derivar los antecedentes entregados por el denunciante al 34° Juzgado del Crimen de Santiago, por lo cual ambos fiscales les cabe las responsabilidades arriba expuestas contenidas en los artículos 5°, 11° y 45° de la Ley N° 19.640.

 

El denunciante señala “usted, yo y cualquier ciudadano chileno podemos darnos el lujo de ser descuidados, y en cierto modo, hasta displicentes en el cumplimiento de determinadas normativas legales, pese a que se presume en nosotros el conocimiento de las mismas. Más, si cualquiera de nosotros pasamos a la acera de enfrente, ya sea como Presidente de la República, Ministro, Jefe de Servicio, Diputado o Senador, no debemos olvidar nunca la máxima que dice que la “mujer del César no sólo debe serlo, sino además parecerlo” “

 

Novakovic agrega a nuestro medio, D-P Chile, que la Presidenta de la República de Chile debiera renunciar para así evitarse mayores humillaciones y desencantos. “Se sabe que doña Michelle tiene problemas con antiguos aneurismas, de modo que el exceso de trabajo, de estrés y los sinsabores que día a día nos muestra la política contingente, van directamente en detrimento de su salud. Quizá la incapacidad que muestra al momento de formular frases largas, de hacer un discurso coherente, etc., es un indicativo de que su salud no es compatible para continuar en un cargo que exige dedicación exclusiva. No es mi intención, como humilde ciudadano, hacer leña del árbol caído de modo que le pido a la Sra. Bachelet, ahora que ha quedado demostrado tanto con documentos como por las declaraciones emitidas por el Fiscal don José Morales, de que ella no es médico, ni pediatra ni epidemióloga, que dé un paso al costado y que presente su renuncia indeclinable antes de que los ciudadanos se la soliciten por escrito ante las instancias que la ley chilena otorga” -nos dice.

 

D-P Chile, en estas tres publicaciones ha demostrado que –cuando los Tribunales no hacen su trabajo- son los ciudadanos los llamados a asumir dichas tareas, subrogando a quienes tienen la obligación de hacerlo por ley. Lo importante es que las investigaciones –como las que nos ha presentado Rodolfo Novakovic- se hagan en términos respetuosos y convenientes. Como bien lo dice el denunciante: “el ciudadano chileno debe proceder con Mano de Hierro pero con Guante de Seda”.

 

Finalmente, y para no extender innecesariamente esta Tercera Parte, creemos necesario recalcar que D-P Chile solicitó encarecidamente, y en forma respetuosa, a la Presidenta que exhibiera sus diplomas en original con la finalidad que nuestro medio los pudiese filmar, solicitando paralelamente fotocopias de los mismos en colores y tamaño originales, a todo lo cual doña Michelle se ha negado en forma sistemática, existiendo –aún- más de tres Amparos pendientes ante el Consejo para la Transparencia (CPLT).

 

Si nuestra Mandataria hubiese accedido a las peticiones, que desde el año 2007 ha venido solicitando pacientemente Novakovic, en su calidad de ciudadano denunciante, y si hubiese accedido a las peticiones que D-P Chile latamente le ha solicitado, se habría ahorrado numerosas dificultades, pero en especial, la humillación que ella ha tenido que soportar como mujer, como madre y como Presidenta de la República de nosotros, ciudadanos chilenos poderdantes; y de paso, la destrucción de la credibilidad de una de las universidades más antiguas de nuestra patria, la otrora prestigiosa Universidad de Chile.

Vía DPCHILE